En un encuentro celebrado en el Salón Eva Perón del Senado, integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías, presidida por Olga Brizuela y Doria (La Rioja-UCR), recibieron un anteproyecto para modificar la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

El director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, informó que se les entregó a los senadores el anteproyecto de ley de 186, al que se arribó “tras un año y medio de trabajo de la comisión reformadora, integrada por juristas de primer nivel de distintos puntos del país, con una visión muy federal”.

Blanco Muiño contó que la ley vigente data de 1993, y que los cambios evidenciados desde esa fecha en lo que respecta a los consumidores hicieron necesario llevar adelante un trabajo de análisis para renovar la norma, tarea que comenzó a realizarse en el 2017 y finalizó en diciembre pasado.

“El 9 de julio, en las Naciones Unidas, Argentina va a promover un evento en materia de derechos del consumidor donde se presentará al resto del mundo lo que son los avances en la materia”, anticipó Blanco Muiño, ante los senadores Brizuela y Doria, Julio Cesar Cobos (Mendoza-UCR), Mario Fiad (Jujuy-UCR) y Roberto Basualdo (San Juan-Producción y Trabajo).

La comisión de especialistas fue coordinada por Carlos Hernández y tuvo como miembros a Gabriel Stiglitz, Belén Japase, Sebastian Picasso, Javier Wajntraub, Leonardo Lepíscopo, Carlos Tambussi, Maria E. D’archivio, Roberto Vázquez Ferreyra, Gonzalo Sozzo, Federico Ossola y Fulvio Santarelli.

Luego de la presentación, Julio Cobos se refirió a diferentes proyectos que ha presentado en el Senado y “que están vinculados a aspectos fundamentales que deben estar presente en una Ley de Defensa del Consumidor, más aún en estas épocas de cambios profundos y acelerados”.

Julio Cobos explicó que “es complicado no tener las herramientas necesarias para incidir en la calidad de prestación de los servicios públicos, en la exhibición de los productos, en el tiempo de mora que afecta a usuarios y consumidores. Siempre digo que el tiempo es un recurso no renovable y cada vez más preciado y es en este contexto dónde una buena ley de defensa del consumidor debe apuntar a garantizarle al consumidor calidad, precio, información y el menor tiempo posible”.

Además, Cobos agregó que “hay que corregir contradicciones. Por ejemplo, en Argentina tenemos 70 millones de celulares y sin embargo el servicio de telefonía celular no es un servicio público y si lo es el de línea fija, que deben ser menos de 8 millones de líneas. Entonces nos encontramos con esa dicotomía, algo que es infinitamente más usado, tiene un precio y no tiene una tarifa; y muchas veces la forma y el monto que se cobra es abusivo. Asimismo, a esto debemos agregarle el factor tiempo, un celular te lo dan de un minuto a otro y después para atender un reclamo o darte de baja te tienen de una computadora a otra; lo mismo ocurre con las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias, etc. Es por eso que hemos presentados proyectos en ese sentido”.