Los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, del Frente para la Victoria-PJ, denunciaron penalmente este jueves al presidente Mauricio Macri; al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel; y a la concesionaria del Acceso Norte, la empresa AUSOL S.A, por los delitos e irregularidades advertidos en el proceso de renegociación integral del contrato de concesión concluido en 2018.

Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia, AUSOL -a través de su controlante española ABERTIS, en aquel momento presidida por el presidente del Real Madrid Florentino Pérez- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.

Por decisión de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de AUSOL, y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, dispusieron arreglar por la suma de 499 millones de dólares, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, sostienen los legisladores del kirchnerismo.

Tailhade señaló que no tiene dudas de que “esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios”, y que la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”. AUSOL fue una de las históricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendió sus acciones luego de que aumentaran 400% desde la asunción de Mauricio Macri y en medio del proceso de “arreglo” con el Estado Nacional.

Además, los legisladores adelantaron que van a ampliar la denuncia por una maniobra exactamente igual con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, que “se llevó 245 millones de dólares del Estado”. Asimismo, advirtieron que la renegociación integral de los contratos de concesión incluye otras múltiples irregularidades, incrementos desmedidos de tarifas y eliminación de riesgos empresarios, entre otras cuestiones que impactan en los bolsillos de los usuarios.

La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención de la Fiscalía 4 de Carlos Stornelli. Los denunciantes anunciaron que pedirán al juez que aparte a Stornelli de la investigación, en función de los últimos episodios públicos conocidos alrededor del caso D’Alessio, en el que “quedó de manifiesto la cercanía y amistad del fiscal con el presidente Macri”, imputado en esta denuncia.