La jueza María Servini desestimó un planteo de los apoderados del partido que sostenía la inconstitucionalidad de la declaración conjunta que suspendió los comicios.
La Justicia Electoral rechazó este jueves el pedido del PJ para que se deje sin efecto la decisión del Gobierno de no convocar a elecciones para parlamentarios del Mercosur en simultáneo con las votaciones primarias y generales para presidente.
En su fallo, informó la agencia Noticias Argentinas, la jueza federal María Servini resolvió “no hacer lugar a las acciones interpuestas” por los abogados Eduardo Wesselhoefft, Patricia Blanco y Jorge Landau, que se presentaron en carácter de apoderados del Partido Justicialista.
Los dirigentes peronistas habían solicitado la inconstitucionalidad de la declaración conjunta que firmaron las autoridades de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para suspender los comicios para definir a los nuevos integrantes del Parlasur.
El protocolo acordado establece que ese órgano legislativo funcionará integrado por los actuales representantes de cada país hasta tanto se realice una elección “de forma simultánea en todos los Estados parte a través de sufragio directo, universal y secreto de los ciudadanos”.
El PJ denunció esta medida por entender que incumpliría con el antiguo Protocolo Constitutivo, que le permite a cada Nación que es miembro del bloque elegir a sus parlamentarios en períodos diferentes.
Ante esta situación, el tribunal sostuvo que la decisión del Gobierno de suspender los comicios para ese cargo “debe entenderse como producida a fin de evitar contradecir los compromisos internacionales ya asumidos, procurando resguardar la seguridad jurídica que requiere un Estado de derecho”.
“Asimismo, debe considerarse que de haber efectuado la convocatoria para elegir precandidatos a Parlamentarios del Mercosur, y en atención a los acuerdos internacionales citados, la consecuente integración del cuerpo que resultaría de ello podría quedar sujeta a futuros cuestionamientos”, señaló Servini en su resolución.
Además, la jueza federal le ordenó al Estado argentino dar intervención al Congreso Nacional para que el cuerpo legislativo ratifique o rechace la declaración conjunta que el Gobierno firmó con los otros países.
