Vuelve la polémica en torno a la obligación referida a los 30.000 desparecidos

La iniciativa impulsada por el diputado Guillermo Castello para derogar la ley que impone insertar la leyenda en cada referencia a la época del Proceso tiene estado parlamentario.

Tomó estado parlamentario el proyecto del diputado provincial Guillermo Castello (Coalición Cívica) de derogar la Ley 14.910, que obliga a insertar la leyenda “30.000 Desaparecidos” cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país registrado entre 19776 y el 9 de diciembre de 1983, violando “flagrantemente”, a juicio del autor, “los principios de verdad y libertad de expresión y que fue seriamente objetada por la propia CIDH”.

En su proyecto, Castello recuerda que cuando se votó esa ley se opuso. El sostiene que la norma dispone la incorporación en todas las publicaciones y actos públicos de los tres poderes del Estado de leyendas que implican una postura “intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso”.

Por el contrario, sostiene el diputado de la CC, “sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros”.

Para Castello, la imposición legislativa de una postura oficial absoluta “promueve la formación de un discurso único, atenta contra la libertad de pensamiento y expresión y clausura toda investigación futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con el enunciado estatal, a la vez que silencia y descalifica a todo aquel que tenga una opinión diferente, a quien se lo coloca en la situación de discrepar con el mismísimo Estado”.

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