Aprueban en Mendoza una ley que busca desalentar el comercio ilegal de autopartes

El proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo tiene como objetivo desarticular los circuitos de robo y venta clandestina de autopartes.

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó una ley que busca desalentar el robo y comercio ilegal de autopartes y neumáticos, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo.

El objetivo del control no solo tiene fines tributarios y administrativos, sino en la lucha contra el delito y la inseguridad, “desarticulando de este modo el circuito de venta clandestina de autopartes, cubiertas y neumáticos”, dice la norma en los fundamentos.

La Cámara dio sanción final al proyecto mediante el cual se pretende poner freno al robo y comercio ilegal de neumáticos y autopartes de dudosa procedencia.

También propicia la presencia del Estado en el control permanente de los establecimientos dedicados a la compra y venta de autopartes.

La Ley establece que la autoridad de aplicación del régimen legal para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes será la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y, en el ámbito provincial, el Ministerio de Seguridad.

La autorización definitiva para desarmaderos emitida por el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (Rudac) “es la única válida a los efectos de esta Ley, la cual deberá encontrarse a la vista del público en el local de venta y también de forma digital si su ofrecimiento fuere a través de la web, teléfono, redes sociales u otra forma tecnológica, o en los medios de comunicación cualquiera sea su forma”.

Dispone además que el personal policial que, realizando inspecciones en desarmaderos, locales de compra y venta de autopartes, gomerías y locales de compra y venta de neumáticos y ruedas, advierta la posible comisión de un hecho ilícito, deberá dar inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal.

El funcionario judicial interviniente podrá secuestrar aquellos elementos que no cuenten con la documentación respaldatoria correspondiente y, además, disponer su inmediata destrucción y/o compactación, medida que estará a cargo del Ministerio de Seguridad y deberá realizarse en el término de 24 horas hábiles.

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