La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto del Poder Ejecutivo que establece la creación de un Fondo Fiduciario de asistencia para las víctimas del delito de trata y explotación de personas. La norma se sancionó con 183 votos positivos, uno negativo -del mendocino José Luis Ramón- y ninguna abstención.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, destacó que la ley tiene que ver con la indemnización y restitución para las víctimas de este tipo de delito, y al respecto sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional debe incluir las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la norma.

“El más importante de los derechos es que el Estado debe establecer un procedimiento adecuado para que las víctimas accedan a la indemnización y restitución a que son acreedoras por la legislación mencionada”, señaló la jujeña.

La radical indicó además que “el Fondo se conformará con el producto de bienes decomisados por sentencia firme o cuando no haya sentencia, aquellos que son autorizados por el juez competente en forma anticipada, garantizando a la víctima que sea innecesaria su acción directa por vía civil, evitando así una revictimización”.

Burgos precisó que “lo que se logra es que los imputados o los condenados por ese delito, que sean insolventes o no se le hayan podido detectar los bienes y no puedan indemnizar a las víctimas, este Fondo permitirá obtener un cúmulo de dinero que servirá para indemnizar a las víctimas de delitos vinculados con la trata”.

La diputada concluyó señalando que esta norma completa la finalidad original de la Ley de Trata, que consideró “un avance más en esta problemática”.

“Y de esta forma creo que vamos a estar dando una respuesta necesaria y contundente con todo lo que significa la política para prevenir, sancionar y erradicar este grave delito que es la trata de personas en nuestro país”, cerró.

Al término de la sesión, el mendocino Ramón explicó a parlamentario.com por qué votó en contra: “Se legitima la posibilidad de ejecutar los bienes de una persona únicamente procesada por el Estado por la supuesta comisión de un delito. Hasta que no tenga condena firme, no es culpable, ni esos bienes son producto de ilícito alguno, ya que ninguno está demostrado”.

Según la norma, los bienes que integren el Fondo no se computarán para el cálculo de los recursos del Presupuesto Nacional y tendrán carácter extrapresupuestario. Además, el Fondo tendrá una duración de 30 años.

Otro de los puntos es que el Poder Ejecutivo implementará un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a fin de dar publicidad a los bienes que ingresen al Fondo.

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