-Usted forma parte de un grupo de diputados que rechazaron la postulación de Marisa Graham como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿por qué?

Si bien tanto la titular como los adjuntos pueden haber pasado un sistema de calificación de idoneidad técnica, vimos que la propuesta manifestaba públicamente de que ella iba a defender a los niños que hubieran nacido deseados. Tuvo una actitud muy discriminatoria; porque le guste o no le guste son niños, la Constitución lo dice claramente. La Convención del Niño dice que se es niño desde la concepción.

Ella va a utilizar fondos públicos y podría promocionar una idea personal en violación de lo que establece una ley; y todo funcionario tiene que tener la idoneidad técnica, moral y funcional, esto último es que ejerza el cargo con diligencia.

El día de la sesión, en ningún momento se aclaró que era votación a mano alzada, es más, algunos habían pedido votación nominal. Realmente en esto me defraudó la actitud del presidente de la Cámara (Emilio Monzó), de tomar decisiones rápidas, apresuradas, como querer sacarse el problema de encima sin la adecuada información en el momento de la votación, que teníamos la mano levantada pidiendo la palabra. El Senado obviamente podrá tomar otra dinámica distinta y si rechaza, no hay designación.

-¿Pero qué piensa de esta mora de 14 años para cubrir el cargo?

Es mentira que los niños y las niñas estén indefensos. Se olvidan del gran trabajo que hacen todas las provincias argentinas; hay instituciones que defienden sus intereses, hay instituciones que contienen a los niños desamparados, hay instituciones que se encargan de la adolescencia en todas sus etapas. Las provincias con sus fondos ya vienen cumpliendo con esa tarea, así que a mí no me van a correr con que hace años que no está.

E incluso planteo algo al revés, si las provincias cumplieron con ese compromiso, ¿por qué tenemos que tener un defensor nacional? No tenemos déficit porque las provincias han cumplido con ese rol. Todas las jurisdicciones han venido cumpliendo la tarea.

La demora es peor en el caso del Defensor del Pueblo, que no tiene sustituto. Los defensores del Pueblo de las provincias no tienen las mismas legitimaciones. Y es más, la Corte Suprema ya nos dijo tres veces en sus fallos de que tenemos que nombrar el defensor.

-¿Pero cómo ve usted que ahora algunos temas se empantanen por la discusión del aborto legal?

Para eso voy a insistir con el proyecto de consulta popular y que una vez por todas este tema se resuelva, de un lado o del otro. Voy a pedir que sea el 27 de octubre, el día de las elecciones nacionales. Es sano, democrático, todo el pueblo argentino responde qué se hace con esa cuestión y no queda supeditado a los grupos.

-Por otro lado, un informe reciente habla de que el Congreso sancionó la menor cantidad de leyes desde 2012 en lo que va del año, ¿cómo evalúa esta parálisis?

Sí, efectivamente. Desde los días previos al cierre de alianzas entramos en un cono de sombra, sobre todo en la Cámara de Diputados, unido a las elecciones provinciales que fueron impidiendo que muchos diputados nacionales pudieran estar por sus compromisos electorales.

El trabajo en el Congreso viene bastante flojo en la falta de sesiones. En cuanto a las comisiones, hubo una primera parte del año donde sí hubo un trabajo interesante. De hecho, en la comisión que yo presido, que es la de Comunicaciones e Informática, pudimos despachar un dictamen que se ha convertido en ley: la Ley de Economía del Conocimiento.

-A grandes rasgos, ¿qué implica esta norma?

Es bastante innovadora y viene a traer beneficios fiscales para las PyMEs, los emprendedores y todo lo que es la industria 4.0 que se viene, aspectos que sientan las bases de un desarrollo para producir bienes y servicios en Argentina para el mercado interno pero también para el exterior, es decir, nos pone en lugar interesante a nivel competitivo en la región.

-¿Y qué proyectos cree que tendrían que avanzar a pesar de ser este un año electoral?

El tema de la ley de góndolas, la famosa ley de alquileres, y la misma discusión del Código Penal -aunque la iniciativa se encuentre en el Senado- en su integridad. Esta normativa hoy se necesita para establecer los nuevos paradigmas frente a la ola de violencia. También tendríamos que discutir la legislación sobre los créditos UVA.

-¿Usted presentó una iniciativa sobre esto?

Sí, recientemente, porque la realidad es ya la gente no puede pagar las cuotas. Todo lo que ha sido el mecanismo de actualización de cuotas ha demostrado su impacto negativo. Hoy las cuotas son muy elevadas. Además presenté un proyecto sobre el plan de ahorro de autos, porque los ahorristas están en la misma situación, sufriendo una distorsión fruto de la crisis económica y de la fijación del precio unilateralmente por parte de los fabricantes. Las cuotas se han convertido impagables, los gastos administrativos son monstruosos.

-¿Qué propone para los afectados?

Consiste en establecer un período de excepción de un año, donde se produzca el recalculo de las cuotas y se tome en cuenta el valor de la inflación. Las empresas, al no tener parámetros objetivos y claros, aumentan como a ellos les parece sin tener ningún tipo de control. Esta ley transitoria, de esfuerzo compartido, podría poner un poco de orden y evitar que miles de ahorristas pierdan esos ahorros. Algunos lo han dejado de pagar y les secuestraron los vehículos.