Con el objetivo de avanzar en materia de derechos humanos y en pos de una Ciudad más igualitaria, la Defensoría del Pueblo porteño presentó en la Legislatura el proyecto sobre la “Ley Integral para las personas Trans”, a través de la cual se buscará garantizar el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, logrando la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación, entre otros.

De esta manera, la iniciativa promueve “la derogación o modificación de leyes, decretos y disposiciones de rango inferior, normas consuetudinarias y prácticas usuales que resulten discriminatorias por razones de identidad y/o expresión de género” y convoca a tomar “decisiones sobre políticas públicas en general, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas trans”.

El organismo también pidió que se adopten todas las medidas de carácter administrativo y que permitan protegerlos tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia, trata y abuso. Además de que se asista a estar personas si fuesen victimas “de cualquier forma de explotación, violencia, trata o abuso, para su rehabilitación física, cognitiva y psicológica, y su inclusión social. Dichas recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la misma”.

Por otra parte, la medida busca garantizar el derecho a la educación y el acceso a los bienes culturales, por ello propone que el sistema de educación pública en todos sus niveles promueva la inclusión a través de acciones positivas que contemplen estrategias por “una educación de calidad y libre cualquier tipo de discriminación”.

Es así que busca evitar la exclusión de los adultos y niños trans de los establecimientos educativos por razones de identidad o género. Al mismo tiempo que solicita nuevas estrategias de capacitación, sensibilización y formación docente para el abordaje de situaciones vinculadas a los derechos reconocidos para las personas trans y sus familias; entre otras cuestiones.

En cuanto a lo que respecta a la salud, la norma garantiza la atención gratuita en todas las áreas de especialización, incluyendo el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Además de exigirle a los profesionales que les presten atención en “igualdad de condiciones con el resto de las personas, y que todas las prácticas y decisiones relacionadas con su salud sean tomadas por la persona sobre la base de un consentimiento libre e informado”.

Mientras que en relación al acceso al trabajo, la ley establece la promoción de oportunidades empresariales, de trabajo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de emprendimientos; y obliga al Estado a tener un porcentaje de empleados y empleadas trans no inferior a un 0,5% de su planta transitoria, permanente y contratada.

La medida cuenta con 10 capítulos y 73 artículos, entre los cuales también se avanza en materia de accesos a subsidios, a una vivienda digna y a mejoras en la calidad de vida de las personas.