El fiscal Carlos Stornelli requirió la investigación de los hechos denunciados por Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto en relación al arreglo entre el Gobierno nacional y la concesionaria Autopistas al Sol (Ausol) que, según los diputados, le significó a una de las empresas del Grupo Macri “una ganancia de 499 millones de dólares”.

Stornelli también pidió que se investigue una maniobra similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, que “se llevó 245 millones de dólares del Estado”, advirtieron los denunciantes.

En los hechos, el pedido de la fiscalía significa la imputación de los funcionarios denunciados: el presidente Mauricio Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.

Entre las medidas solicitadas por Stornelli se encuentran el secuestro de la sede de la Dirección Nacional de Vialidad, de todos los antecedentes de los contratos de concesión de los accesos desde su adjudicación, de la intervención administrativa de Ausol, del expediente originado en la presentación administrativa de Abertis el 11 de agosto de 2015 y de los procedimientos que derivaron en el dictado de los decretos 607/18 y 608/18.

El fiscal también requirió el secuestro de todos los informes relacionados con el caso elaborados por la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, y de todos los antecedentes que obren en la Procuración General del Tesoro respecto de la demanda iniciada ante el CIADI por parte de Abertis, firma controlante de Ausol.

Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.

Por decisión de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, “el Gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares”, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, sostienen los legisladores del bloque FpV-PJ.

Tailhade señaló que no tiene dudas de que “esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios”, y que la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”.

Ausol fue una de las históricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendió sus acciones luego de que aumentaran 400% desde la asunción de Macri y en medio del proceso de “arreglo” con el Estado Nacional.

La causa tramita en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.