No es la primera elección presidencial que plantea una encrucijada, pero esta de 2019 ciertamente es decisiva. El país se halla ante la posibilidad de modernizarse conceptual y materialmente o de quedarse anclado en posturas que atrasan medio siglo. La síntesis de este dilema es ser una república o un país marginal dirigido autoritariamente.

El sistema republicano -proclamado hace casi dos siglos- aún es una tarea pendiente. De él depende que la Argentina retome la senda de la prosperidad. Su principal columna es la división de poderes y en ese contexto, la independencia de la Justicia. Es esta imparcialidad – junto con la idoneidad de los jueces – la precipua garantía para que disfrutemos de seguridad jurídica, bien intangible, pero esencial para que prospere la economía y para una convivencia pacífica y democrática.

Sin esa seguridad no podrán existir ni una “llovizna” de inversiones, no ya “luvias”. Ni siquiera inversiones provenientes del ahorro local. Es, pues, la institucionalidad republicana un objetivo de alto valor económico, más de su intrínseco bien moral. La propuesta republicana no es abstracta ni lejana para la ciudadanía. Explicada, pasa a ser primordial, a la par de la inseguridad, la inflación, la corrupción y el desempleo.

La construcción de una república en la sustancia -no en el plano meramente nominal- es una faena político-cultural. Y asimismo implica un compromiso de la clase dirigente que debe asumir esa meta con “alma y vida” como se dice en lenguaje coloquial.

Al ideal republicano no hay que hacerle ni trucos ni trampas. La idoneidad por caso, un mandato constitucional, no admite más actitudes nepoticas, amiguistas o acomodaticias. Si el mérito se reentroniza en la Argentina estaríamos dando un gigantesco paso adelante para reformar al Estado y para estimular -y sobre todo premiar- a quienes se esfuerzan. La cultura del trabajo volvería a reinar. No da lo mismo trabajar que vagar. Cambalache es un buen tango, pero no es un paradigma para nuestra vida colectiva.

La corrupción dejaría de ser sistémica y devastadora si tuviéremos república. La justicia independiente le asestaría un golpe letal a la impunidad. Sin corrupción habría soluciones porque se limitaría la escasez de recursos y porque se podrían hacer dos caminos con lo que hasta hace cuatro años insumía construir morosamente uno. Se asignarían mejor las prioridades del gasto público -uno de los artes de gobernar- y se optimizarían los resultados.

Funcionando mejor el Estado -conformado por agentes y funcionarios surgidos del concurso y no del acomodo- los impuestos volverían a la gente en educación, salud, seguridad, infraestructura y defensa nacional. Si la escuela pública reverdeciere las familias dispondrían de una parte de sus ingresos para consumir y mover la actividad, en lugar de dedicarlo a la escuela privada sabedores que entre conflictos y la declinación del sistema, sus hijos tienen estrecho futuro yendo a la escuela común. Esto nos conduce a otra reflexión: que paradójicos son estos adictos del estatismo que a caballo de sus ideas viejas, han provocado el desplome de lo público.

La justicia social sigue siendo un anhelo. Pero debemos marchar a un modelo de justicia siglo XXI, sustentado no el mero distribucionismo, sino en la ampliación de la base productiva. La justicia social exige ampliar el empleo. Ese despliegue solo será factible si se ensancha la economía con más capitales y más tecnología.

En 2019 la cuestión es crucial: volver o ir. Si decidimos regresar, será sombrío para el país. Otra vez la “magia” del bienestar por decreto, incluyendo cepos y prohibiciones para exportar y para importar. Artificios catastróficos para una economía de prosperidad. Sirven por un momento, pero a la postre son ruinosos. Además, cepos y prohibiciones son parientes cercanos del autoritarismo y primos de la corrupción.

Si nos resolvemos a ir, tendremos por delante un porvenir que podría caracterizarse como una era moderna. No solo por nuestros vínculos con el mundo, sino fundamentalmente porque nos reencontraríamos con la Argentina emprendedora, libre y hacedora.

Estas elecciones son una oportunidad para dar lugar a un ciclo transformador. Un cambio mejor que el que experimentamos desde 2015.

Un segundo mandato del presidente no seria cuatro años más. Tienen que ser la consolidación de las memorables reformas que el país reclama cada vez más resonantemente.