El legislador puntano Andrés Vallone presentó un proyecto que busca recategorizar las audiencias públicas, mediante la modificación del llamado a las entidades y personas físicas cuya participación es necesaria, “para que no sean avasallados sus derechos”.

Dicha convocatoria sería un procedimiento no vinculante, que debe seguir el Poder Ejecutivo antes de autorizar aumentos de tarifas de los servicios públicos privatizados y les da potestad a los consumidores para opinar.

“Así lo establece el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que prevé la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control, en la fijación de los nuevos precios ya sea para a Energía Eléctrica, Gas, Agua, Transporte”, advirtió el legislador.

Al respecto, recordó lo sucedido en la provincia de San Luis, cuando Edesal, Empresa Distribuidora de Electricidad de San Luis S.A., pidió un aumento del 63% en la Audiencia Pública, fundamentando la suba en los costos de operación y mantenimiento, sin que las partes interesadas pudieran participar fehacientemente de las deliberaciones. Por su parte el Ente Regulador de Energía del Gobierno puntano en 30 días deberá decir si acepta o no dicho pedido.

Vallone asegura que “hay que modificar por ley, las mal llamadas audiencias públicas para la modificación de tarifas. No hay participación ciudadana y es una simple formalidad para legalizar el robo al bolsillo de los ciudadanos, ya que la opinión y el aporte ‘llamados’ a participar en las deliberaciones junto a los organismos, empresas, sociedades, entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, no es vinculante por lo que es un mero trámite para cumplir con lo establecido constitucionalmente”.

En este sentido, sostiene que es necesaria una “urgente modificación de la norma”, que le dé obligatoriedad de aplicación del precedente que resulte de la audiencia pública. El mecanismo de llamado comenzaría cuando el ente regulador anuncia, con cierta anticipación, la realización de una audiencia, a las entidades de consumidores, ONGs, personas físicas o empresas pueden presentarse con previa inscripción. Dichas convocatorias se difunden mediante comunicados de las secretarías de cada sector. A través de la web del organismo estatal, las empresas prestatarias del servicio, ponen los temas que se van a discutir en dicha audiencia, pero “no hay un cronograma de audiencias, se realizan por una revisión tarifaria integral o por algún llamado específico o extraordinario”, advirtió el diputado puntano.

“Da la sensación que el rol del Estado, como regulador, como custodio de los derechos de los ciudadanos, se vulnera, ya que debería abstenerse de interferir en favor de la empresa y resguardar los derechos civiles. Cuando se llega a la Audiencia Pública pareciera que ya está todo acordado entre el ente regulador y la empresa prestataria del servicio”, expresó el legislador.

“Por esto, y ante la sospecha de connivencia a la hora de fijar las tarifas que afectará la vida cotidiana de los ciudadanos, es necesaria la modificación urgente de la norma que contribuye a desproteger el bolsillo de la gente y engrosar las arcas de las empresas prestadoras de servicios esenciales. Hacer que la participación de la ciudadanía se refleje en los futuros aranceles que deberán pagar por los servicios básicos para una vida digna, por ello es fundamental la reforma de su aplicación, contemplada en la Constitución Nacional”, concluyó Vallone.