A días de que se realicen las PASO, los diputados porteños de la izquierda Laura Marrone (FIT) y Gabriel Solano (PO) insistieron en una conferencia de prensa realizada este miércoles en la Legislatura porteña con un proyecto para reestatizar el servicio de generación y distribución eléctrica. Asimismo, cuestionaron duramente la aceptación de un convenio entre Nación y el Ciudad para que las eléctricas pasen a la jurisdicción del distrito capitalino.

En ese sentido, Marrone le explicó a parlamentario.com que esta iniciativa “forma parte de un proyecto de gobierno del Frente de Izquierda, que no solamente abarca la distribución sino la generación y distribución de la energía” y remarcó que “supone la concepción de que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, que combate la política actual de saqueo y concepción mercantilista de la producción y distribución de la misma”.

“Partimos de la base de que existe el concepto de pobreza energética, por el cual se considera así a toda la población que no accede a un nivel de consumo que corresponda y no impida su satisfacción de otras necesidades básicas”, detalló y consideró que “nuestro país hoy tiene que empezar a medir a toda la población que está por debajo de la línea de pobreza y que no accede a lo que se llama -a nivel internacional- ‘derecho a la energía’”.

Asimismo la legisladora manifestó que el “convenio que recientemente acepto la Legislatura, va a importar en breve una reducción de la actual y miserable extensión de la tarifa social en la Ciudad; esto obedeció al pacto fiscal que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le impuso al Gobierno Nacional y este deslindó su responsabilidad a las provincias” e insistió en que el traspaso de EDENOR- EDESUR para la Ciudad “fue vergonzoso porque incluyó deslindar del pago de una deuda a estas empresas, la cual estaba calculada en siete mil millones de pesos; la misma era para resarcir a los usuarios por los cortes en el suministro, los cuales son cada vez más frecuentes”.

Sobre esa misma línea afirmó que este proyecto “plantea conformar una nueva empresa EDEBA, que funcione bajo el control y gestión de los trabajadores y usuarios; que absorba absolutamente a toda la planta de empleados actuales de EDENOR y EDESUR”.

Marrone también denunció que “actualmente están despidiendo trabajadores de EDESUR, concretamente de la planta que está en Av. Alberdi. Están en conflicto porque han despedido a compañeros y existe una política de persecución para generar miedo y obligar a que vayan pidiendo el retiro voluntario” y añadió que esto sucede porque “estas empresas quieren ahorrar en mano de obra, precarizar y tercerizar. Lo mismo ocurre para los trabajadores del ENRE, que planteamos que sean absorbidos por EDEBA, dado que actualmente también ven peligrar su fuente de trabajo”.

“Este proyecto también forma parte de un plan más general para que todos los servicios públicos vuelvan a manos del Estado, como era hace 30 años pero que para evitar cualquier proceso de desfinanciamiento o corrupción sean manejados por los trabajadores y usuarios”, aseveró y sentenció que la norma “supone la suspensión de cualquier corte de suministro por falta de pago o atraso en el pago, producto del incremento en las tarifas. Esto regirá para las familias, cooperativas de trabajo, fabricas recuperadas, cines y teatros públicos, centros culturales, clubes de barrio y para electrodependientes”.

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