Grande fue el susto en el oficialismo cuando la guerra comercial entre Estados Unidos y China agitó el peligro de una nueva y fatal corrida cambiaria. El contraste con un viernes de gloria para los papeles argentinos. La polémica con los fantasmas del “fraude electoral”.
José Angel Di Mauro
El macrismo llegó al poder con un plan económico que a la postre se revelaría por lo menos defectuoso, pero que para muchos comenzó a hacer agua a partir de un suceso impensado: el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. En rigor, hay quienes dicen que “se les quemaron los papeles” esa vez a los estrategas de Cambiemos y tal fue el susto entonces que llegaron a temer que se le cerraran los mercados internacionales en el inicio de 2017. Como efectivamente sucedería al año siguiente.
Con todo, el presidente norteamericano ha sido un respaldo invalorable para el mandatario argentino, con quien sintonizó gratamente y al que reconoce como el único presidente del mundo con el que cultivaba una amistad previa a su llegada al poder. Estaría por verse de todos modos si el afecto es tan genuino, o si en realidad prevalece el rechazo del magnate norteamericano a la vuelta del populismo a la Argentina. Porque está claro que así ve Washington estas elecciones presidenciales en nuestro país.
El gobierno norteamericano no es el único que piensa así. Nuestro principal socio comercial considera fundamental una reelección de Mauricio Macri al punto tal que su presidente, Jair Bolsonaro, le planteó a Trump venir a la Argentina antes de los comicios de octubre para respaldar a nuestro mandatario. Se descarta que llegado el caso desde Buenos Aires sugerirían postergar esa muestra de apoyo, atento al grado de antinorteamericanismo latente en estas tierras.
Pero como muestra de apoyo hubiera alcanzado con que Donald Trump postergara al menos una semana el recrudecimiento de la guerra comercial de hecho que desarrolla con China, que hizo temblar a los mercados mundiales y causó zozobra en Casa Rosada, Hacienda y el Banco Central. Habida cuenta de encontrarse la Argentina al tope de los países más vulnerables a estas desestabilizaciones financieras, por un momento llegó a pensarse en el inicio de una corrida cambiaria que haría añicos las expectativas para este domingo.
Con todo, la sangre no llegó al río y, por el contrario, la crisis logró ser dominada sin mayores consecuencias, más allá de una variación en el precio del dólar que en última instancia debería acompañar a la inflación y evitar un costoso atraso cambiario.
Pero en el gobierno no quieren saber nada con eso y prefieren ocuparse del valor de la divisa norteamericana pasadas las elecciones. Por lo pronto, ya hay quienes temen que la variación de esta semana afecte a la inflación de agosto, poniendo fin a la sucesión de meses de costo de vida en baja que la semana que viene continuará cuando se revele el porcentaje de julio.
Lo que ni los más optimistas imaginaron en los momentos críticos de la semana fue el cierre a toda orquesta que tuvieron los mercados para la Argentina en la última jornada preelectoral. Nadie esperaba que los ADRs argentinos se dispararan hasta un 10,7% en Wall Street el viernes, exhibiendo un sorprendente presagio de los inversores respecto de un buen resultado este domingo para Mauricio Macri. Y hubo más: el riesgo país, que tuvo a maltraer a la Argentina los últimos meses, bajó 3,9% en la última rueda de la semana y los bonos argentinos subieron hasta un 4,15. Previsiblemente, el optimismo se trasladó a la Argentina, donde el Merval tuvo una suba del 7,9%, más allá de que el dólar cerrara en alza.
Claramente influyeron en estas mejoras encuestas que los inversores conocieron justamente cuando en la Argentina ya no pueden difundirse esos datos, aunque siguen circulando en los circuitos políticos y financieros. Fue justamente cuando en los últimos días previos a estas PASO comenzó a extenderse en los ámbitos oficialistas y su electorado cierta sensación de preocupación por números negativos. Tal vez esa impresión pudiera haber obrado en la franja de indecisos para definir un apoyo determinante.
Lejos de imaginar un cambio de clima, en el principal campamento opositor hablan de otros números y una realidad que les es muy favorable. Descreen de una paridad extrema, confiados en haber logrado repuntar en distritos otrora adversos. Córdoba, sobre todo, donde encuestas del propio PJ le daban al macrismo 20 puntos de ventaja, pero sumando los Fernández 10 puntos más que los que hizo Daniel Scioli en 2015. Y Santa Fe, provincia elegida para hacer el cierre formal de la campaña, en la populosa Rosario, donde Alberto Fernández se dio el gran gusto de reunir a doce gobernadores que lo apoyan, en lo que pretendió ser una señal de respaldo a su persona, y una señal también dirigida a su propia compañera de fórmula: ese será el poder en el que se asentará para forjar su perfil propio.
En rigor, fue una demostración de fuerza, más allá de que una parte del electorado al que quieren captar pueda haber recordado los tiempos en que los gobernadores eran convocados sistemáticamente a la Rosada para aplaudir a su jefa, pasándose lista para corroborar asistencias. “Asistencia es una cosa, apoyo es otra”, diferenciaba el jueves una calificada fuente oficial al analizar la foto del día anterior.
Alteró el cierre de la campaña un insólito planteo de la oposición para apartar a la empresa ganadora de la licitación del escrutinio provisorio faltando menos de una semana para la elección. Resultó curioso que uno de los argumentos para objetar a la empresa que reemplazó a la española Indra como encargada del comicio fuera el origen venezolano de la misma, viniendo esos planteos del kirchnerismo, que siempre reivindicó el respaldo que periódicamente obtuvo el chavismo en las urnas.
En efecto, Smartmatic -la empresa en cuestión- fue fundada en el año 2000 en Palm Beach, Estados Unidos, por tres venezolanos: Antonio Mugica, Alfredo Anzola y Roger Piñate. La misma se encargó de organizar en ese país catorce elecciones convocadas por el chavismo, entre 2004 y 2017. Precisamente la última, para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, fue la que marcó el final de la relación, al denunciar las autoridades de la empresa que datos del comicio habían sido “manipulados” por el gobierno de Nicolás Maduro.
La firma fue tomando vuelo con el tiempo y hoy tiene su sede en el Reino Unido, cuenta con 600 empleados en 16 oficinas instaladas en todo el mundo y hace alarde de haber registrado y contado 3.700 millones de votos, participado en 40 países, con 62.000 candidatos elegidos y 790.000 centros de votación instalados.
Esta no es su primera experiencia en la Argentina, donde ya participó en las elecciones de 2017, encargándose entonces del registro biométrico para la autenticación de los votantes en seis provincias limítrofes, con el fin de evitar el fraude electoral a través del voto de extranjeros. En esa oportunidad también se implementó en 14 municipios del Conurbano, y toda la maquinaria utilizada en esa oportunidad fue adquirida por el Consejo de la Magistratura, para ser utilizada ahora en estas elecciones “a costo cero” para el Estado nacional.
Hacia fines del año pasado Smartmatic ganó la licitación para aportar el software para las PASO, a través del cual por primera vez se resolvió escanear todas las actas de escrutinio en los centros de votación, para transmitir la imagen digitalizada desde los colegios al centro de cómputos. Una novedad que reemplaza a los tradicionales telegramas, que debería redundar en una agilización del escrutinio, y que fue el factor que desató los primeros cuestionamientos de la oposición, basados en las fallas registradas en las primeras pruebas realizadas, a las que fueron convocados representantes de los partidos, según confiaron a este medio fuentes del Correo Argentino.
Las mismas reconocieron que hubieran hecho falta algunas pruebas más, pero aseguraron que los resultados finales de las mismas fueron satisfactorios.
Desde el gobierno aclararon que no fueron ellos los que eligieron a Smartmatic, como llegó a decirse entre otras críticas, sino que la empresa ganó una licitación nacional e internacional realizada en febrero pasado, en la que compitieron además la citada Indra y la argentina Grupo MSA, encargada en su momento de la implementación del voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Salta y Neuquén.
La empresa de origen venezolano ganó la licitación por algo más de 16 millones de pesos. La mitad de lo gastado en 2015.
