Debido a las recurrentes denuncias al respecto, la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia y diputada de Unidad Ciudadana, Andrea Conde, impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que la Ciudad cree el “Registro de Violencia Institucional contra Niños, Niñas y Adolescentes”, para poder sistematizar y analizar ese tipo de situaciones para poder elaborar nuevas políticas públicas que permitan prevenir, denunciar y erradicar su práctica.

De esta manera, la norma entiende por violencia institucional a todo abuso de poder, físico o psicológico, que ejerzan agentes de las fuerzas de seguridad nacionales o locales y empleados de seguridad contratado por instituciones estatales, entre los cuales se encuentran: las detenciones arbitrarias; averiguación de antecedentes, de identidad o “demora” basada en cualquier tipo de discriminación; golpes y torturas; aislamiento; violencia sexual; uso de esposas; asesinatos; entre otras cuestiones.

Además establece los contextos en los que pueden producirse este tipo de situaciones, como por ejemplo: manifestaciones, eventos culturales o deportivos, escuelas, vía pública, entre otros; y sostiene toda la información recabada en el registro deberá ser publicada en el sitio web del Gobierno de la Ciudad, contando con una frecuencia mensual de actualización.

En los fundamentos de la medida, Conde manifestó que la “violencia institucional es una grave violación a los derechos humanos de quien la padece” e insistió en que la necesidad de ese registro “radica en la invisibilización de estos casos, que sin embargo son recurrentes tal como lo expresan las organizaciones sociales y los programas estatales que trabajan directamente en los barrios con los y las niños, niñas y adolescentes”.

Asimismo advirtió que “en los últimos años, ha habido un recrudecimiento de los casos de violencia institucional en nuestra ciudad. De los casos más graves como asesinatos (como un policía de civil que mató a Dylan Alejandro de 15 años en el barrio de Soldati el 8 de mayo del 2018) hasta el ataque sin razón a una murga que ensayaba en Bajo Flores, o mismo la situación de violencia sufrida por Iván y Ezequiel”.

“Es necesario visibilizar y trabajar con las fuerzas de seguridad desde el paradigma de derechos para que estos casos no sucedan a futuro. El Registro pretende generar la información necesaria para visibilizarlos y responsabilizar tanto a los agentes directamente implicados, cómo a que la gestión tome las medidas necesarias para evitar la violación de los derechos de esta población”, sentenció.