“Tenemos las cárceles que explotan, ¿dónde los van a meter?”, se preguntó el abogado Santiago Marino Aguirre al exponer en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que realiza una reunión informativa.
En la primera ronda de exposiciones sobre el nuevo Código Penal, el proyecto del Poder Ejecutivo recibió numerosas críticas de especialistas, y una de las más duras fue la del defensor público Santiago Marino Aguirre, quien pronosticó que la reforma “va a triplicar la cantidad de presos” en un contexto donde “las cárceles están que explotan”.
Marino Aguirre fue uno de los expositores de la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Pedro Guastavino (Justicialista). En su extensa disertación, el abogado apuntó al “hacinamiento” en las cárceles y se preguntó “dónde van a meter” a los nuevos presos.
“No pueden dejar de tener en cuenta qué pasa con la realidad carcelaria. El ministro de Justicia dictó la emergencia carcelaria por la superpoblación de las cárceles. De aplicarse este Código, no sé dónde van a poner la gente”, cuestionó, y agregó: “Van a obligar a los jueces a hacinar gente y vamos a incumplir los tratados internacionales”.
El defensor oficial se preguntó: “¿No se hizo un, estudio, una proyección, de cuánta gente podría ir presa si se aplica esta Código? Si no se tuvo en cuenta eso, ¿dónde los van a meter?”.
Asimismo, señaló que “los medios dicen que se repiten los jueces garantistas, que los jueces entran por una puerta y salen por la otra”, y sin embargo “tenemos las cárceles que explotan, en estado de emergencia, por jueces que ordenan que esa gente esté presa ahí”.
“En 15 años de defensor, a mi no me tocó ningún juez garantista, y a mis colegas tampoco. Los jueces aplican la ley y las cárceles están que explotan”, insistió, y sentenció: “Con este Código Penal se va a triplicar la cantidad de presos y va a implicar hacinamiento. Hay que pensar en esto” cuando se elevan las penas.
Por otra parte, Marino Aguirre indicó que “otro de los caballitos de batalla de este Código es ‘todas las penas a cumplir’”, cuando “hace 80 años que en el Código, si una pena por un delito leve se puede dejar en suspenso, se deja en suspenso. Pero acá la regla es ‘todos a cumplir’, y la consecuencia serán miles de presos, ¿no se prevé dónde van a meter esos presos?”.
En similar sentido se expresó Graciela Dubrez, del Observatorio Internacional de Prisiones Sección Argentina: “El actual estado de las prisiones en Argentina indica que en la cárcel no hay socialización; se han constituido en meros depósitos de personas, donde el abuso de la situación de prisión preventiva y la cohabitación forzada de primarios y reincidentes, de ladrones y criminales, se debe a la voluntad política de sancionar con prisión todo tipo de conductas en lugar de utilizar medidas alternativas al encierro”.
Por eso, Dubrez propuso “rever el monto de las penas de cumplimiento efectivo” y “revisar con detenimiento el concepto de imputabilidad”.
En tanto, Juan Pablo Montiel, abogado y director de Crimint (Centro Virtual de Investigación en Derecho Penal) centró su exposición en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sostuvo que “la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en este momento es inaplicable o de muy difícil aplicación”.
En ese marco, sugirió “incluir delitos como acoso laboral y delitos laborales” ya que “la experiencia marca cómo disminuyen estos delitos en ámbitos laborales a partir de introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica en estos contextos”.
Por último, Ismael Jalil, representante de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) advirtió que “cada vez que se introducen manos en los códigos penales, tanto los trabajadores como los más pobres de esta sociedad quedan expuestos”.
“Mientras estamos aquí, en las calles del país miles de personas se disponen a marchar contra una de las practicas más repudiables del Estado, la del gatillo fácil, la represión como política de Estado en su máxima expresión”, señaló, sobre la manifestación de este martes a Plaza de Mayo.
Jalil consideró que “así como está concebida la reforma del Código Penal, no es una necesidad del pueblo trabajador”, y añadió que la ley “parte de considerar a los pibes como peligrosos, nosotros decimos que es al revés: que están en peligro y lo último que necesitan son reformas punitivas. La tremenda masacre de Monte expresa lo que significa la seguridad para los hijos del pueblo trabajador”.
