Impulsado por el diputado de la UCR Sergio Kneeteman. El debate tendría lugar entre diez y siete días antes de las elecciones, y prevé sanciones para postulantes que no participen.
Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que dispone que en la provincia se implemente un debate obligatorio de candidatos a gobernador. La autoridad de aplicación será el Tribunal Electoral de la provincia, que dispondrá la fecha, la hora y la modalidad en acuerdo con los candidatos. Es impulsado por el diputado Sergio Kneeteman (UCR en Cambiemos) y prevé sanciones para aquel postulante que no participe.
La iniciativa establece que se implemente entre los candidatos a gobernador de la provincia de Entre Ríos, el Debate Preelectoral Público y Obligatorio, a fin de que la ciudadanía pueda contar con mayores elementos informativos en vista del ejercicio de su derecho a voto.
“Los candidatos oficializados a gobernador de la provincia estarán obligados a participar del debate público en el que expondrán al electorado las propuestas relativas a sus respectivos planes de gobierno”, se indica en el proyecto, y se establece que “el debate tendrá lugar entre 10 y siete días corridos anteriores a la fecha de la elección”.
La iniciativa dispone que la Autoridad de Aplicación de la norma sea el Tribunal Electoral de la provincia de Entre Ríos, que tendrá a su cargo la puesta en marcha del debate.
En el cuarto artículo se dispone que “la fecha y horario del debate, así también como su modalidad en relación a los tiempos, derecho a réplica, preguntas y los temas a tratar serán acordados en una audiencia entre los candidatos y sus apoderados, convocada por la Autoridad de Aplicación”.
La Autoridad de Aplicación tendrá también la potestad de elegir “el lugar para la realización del debate, sus moderadores y los mecanismos para la participación presencial del público”, se indica en la iniciativa impulsada por Kneeteman.
Además tendrá a su cargo la elaboración de “un reglamento por el cual se establecerán la estructura y la dinámica bajo las cuales se desarrollará el debate, procurando el trato igualitario entre los candidatos y la igualdad en el tiempo de exposición y de réplica de cada uno de ellos. El orden de exposición de los candidatos se determinará por medio de un sorteo público”.
En otro de los artículos se establece que “las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los principios democráticos y los derechos humanos, y las instituciones académicas podrán ser convocadas por la Autoridad de Aplicación con el objetivo de colaborar en la definición de los temas del debate”.
En cuanto al financiamiento, se dispone que “se imputará a las partidas asignadas al Ministerio de Gobierno los gastos que implique el cumplimiento de la presente ley”.
Por otra parte, el proyecto da cuenta de las sanciones a los postulantes que se nieguen a participar del debate: “La negativa de alguno de los candidatos a participar en el debate público obligatorio supondrá la imposición por parte de la Autoridad de Aplicación de una sanción económica que será determinada en la reglamentación de la presente”.
Finalmente, en el proyecto del diputado Sergio Kneeteman se detallan los mecanismos que se pondrán en marcha para garantizar que todos los electores tengan la posibilidad de ver o escuchar a los candidatos en el debate.
