Con la intención de garantizar su inclusión social, los diputados de Evolución presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual le solicita al Gobierno de la Ciudad que construya nuevos centros especializados de privación de libertad en reemplazo de los actuales en los predios de los ya existentes, con el objeto de hacer efectivos los estándares internacionales sobre las condiciones edilicias y de alojamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.

La norma -que lleva las firmas de Patricia Vischi, María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperín y Juan Francisco Nosiglia (Ev)- plantea que estos espacios son para la ejecución de las medidas socioeducativas con sentencia judicial de privación de libertad, que deben funcionar en locales adecuados y suficientemente pequeños asimilados a la capacidad de hogares de niños y adolescentes, que no superen las 40 plazas a fin de asegurar que el trato y las actividades que se realicen tengan carácter individual y personalizados.

Además, sostiene que los centros deberán contar con un equipo interdisciplinario especializado en Derechos Humanos; en mediación y resolución alternativa de conflictos; en dinámicas grupales y tener experiencia previa en el trabajo con poblaciones vulnerables para fortalecer la tarea de acompañamiento cotidiano de los adolescentes y jóvenes privados de libertad.

Luego de que los menores ingresen a estos centros, deberán elaborar junto con el equipo un plan individualizado que plantee los objetivos de la medida socioeducativa, duración, metas y responsabilidades en miras a la responsabilización del adolescente y su plan de egreso y vinculación con su grupo familiar, afectos y referentes y reintegración al ámbito comunitario. Asimismo, este diseño deberá contemplar la preparación del adolescente o joven para el mundo laboral, por lo cual debe incluir capacitación específicas y calificadas.

En materia de prevención de accidentes y seguridad, cada centro deberá contar con un sistema hidrante anti-incendio y matafuegos; colchones y almohadas de material ignífugos; luces de emergencia; entre otras cuestiones. También tendrán espacios descubiertos de iluminación y ventilación natural, al igual que postas para las fuerzas de seguridad quienes no podrán usar armas dentro del edificio, sólo podrán disponer sólo materiales disuasivos que se encuentren aprobados por los estándares internacionales y supervisados por el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

El proyecto también contempla la inclusión de un espacio destinado a la escolarización de los jóvenes, el cual contará con sillas, mesas, biblioteca, computadoras con acceso a internet y todo el material escolar necesario para garantizar el acceso a la educación. El edificio también estará equipado con un salón de usos múltiples (SUM) cerrado que permita la realización de talleres, proyección de películas donde pueda generarse mayor presencia de operadores y profesionales; y con un espacio para consultas médicas y psicológicas ocasionales que deberán constar en la historia clínica personal que deberán ser anexadas en los informes médicos, recetas e indicaciones.

En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “los institutos se encuentran inmersos en un proceso de degradación edilicia que es imposible revertir, no sólo por el estado de los edificios, sino que además la propia disposición institucional (dimensiones, celdas, calabozos, entre otras cuestiones) imposibilita el desarrollo de cualquier proyecto viable acorde a las necesidades personalizadas y el trabajo que se requiere para que los adolescentes y jóvenes egresen y se incluyan en un proyecto social e individual” y sentenciaron que “estas condiciones dieron lugar a las observaciones preliminares y recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura, malos tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes del abril de 2018, que entre otras cosas resalta que se requiere urgencia en el sistema de detención argentino”.