El legislador del Bloque Peronista Santiago Roberto buscará conocer si los datos arrojados por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, que sostienen que 29,3% de los chicos padece de déficit alimenticio y si el 26,14% sufre de obesidad, son reales y si existe un plan de emergencia alimentaria en la Ciudad.
Luego de que la Universidad Católica Argentina (UCA) diera a conocer los resultados del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, el diputado del Bloque Peronista y miembro de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, Santiago Roberto, impulsó en la Legislatura porteña un pedido de informes en el que exige precisiones al respecto de la veracidad de esos datos y si existe un plan de emergencia alimentaria en la Ciudad.
Ese estudio reveló que el 51,7% niños y adolescentes están bajo la línea de pobreza porque sus hogares no cuentan con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica total y el 10,2% se encuentra en familias que no cubren siquiera la canasta alimentaria básica, lo cual indica que se encuentran en situación de indigencia.
Entre los datos más relevantes están, que el 29,3% de niños y adolescentes tienen déficit en sus comidas y que el 13% pasó hambre, mientras que un 35% asiste diariamente a comedores comunitarios o escolares. A su vez un 24% tiene déficit habitacional y un 23,4% vive en hacinamiento; mientras que el 40% se encuentran sufriendo pobreza extrema.
Además de buscar corroborar esa información, el peronista le exigió al Gobierno porteño que informe si es correcto que el 26.19 % de los chicos sufren obesidad; si el 26,64% tiene sobrepeso; si el 1,45% se encuentra debajo de su peso ideal y si el 34,58% de los lactantes tienen exceso de peso por mala alimentación.
En los fundamentos de la medida Roberto explicó que “la desnutrición y malnutrición infantil condiciona severamente el desarrollo de niños y adolescentes, quedan eventualmente expuesto a enfermedades como así también los enfrenta a una desigualdad a la hora de su aprendizaje, lo cual condiciona su educación y su posible desarrollo educativo, social y económico” y recordó que uno de cada dos niños de barrios carenciados asiste a comedores comunitarios y escolares, “lo que indicaría un problema nutricional no sólo en el menú de las familias sino en el de estos lugares, lo cual señalaría con claridad el déficit de la política alimentaria del Gobierno de la Ciudad”.
Sobre esa misma línea manifestó que este año “fue más difícil para las familias el acceso a la beca en un comedor escolar, las raciones disminuyeron en cantidad y calidad” y consideró que “este dato es una alerta para las políticas públicas alimentarias construido a partir de las propias organizaciones barriales y comunitarias que se organizan para paliar el hambre”.
“Es indispensable promover una Ley de Emergencia Alimentaria y políticas proactivas para desterrar la malnutrición infantil, realizando la inversión presupuestaria necesaria para cancelar esta deuda con nuestra infancia antes que las consecuencias sean irreversibles”, sentenció.
FOTO: Cepal.org
