Desde el gobierno sostienen que fue el efecto de la marcha del 24A lo que causó un endurecimiento del Frente de Todos que ha puesto aún más patas para arriba a los mercados. Con una contienda casi definida, hay un candidato sin filtro que debe atender a su electorado y socios más duros, más allá de las consecuencias impredecibles.
Por José Angel Di Mauro
Una inyección de ánimo. Eso fue para el Ejecutivo en general y el presidente Mauricio Macri en particular la movilización del 24A que el gobierno no promovió, pero que sí aprovechó… el tiempo que pudo.
Porque esa bocanada de aire en un cuerpo exhausto y todavía conmovido por la impactante derrota que había tenido trece días antes, duró lo que un suspiro. Alcanzó para encender sonrisas y expectativas en la Casa Rosada, que se compartieron en la reunión de gabinete de ese lunes, la última que se vivió sin la zozobra que caracterizó los días siguientes.
En la Rosada el cambio de ánimos encendió el espíritu de campaña, donde muchos asimilaron que el punto de partida bien podría ser esa marcha de adhesión al gobierno que se había vivido el sábado anterior. También así lo entendieron sectores del Frente de Todos, advierten cerca del Presidente, que interpretaron entonces que no corresponde hacer ninguna tregua. Fue la sensación imperante a partir de esa misma tarde cuando el mismísimo Alberto Fernández resolvió tomar parte de la reunión de técnicos del Frente de Todos con los representantes del Fondo Monetario, en la que expresaron un discurso que lejos estuvo de la moderación que se había esmerado en exhibir el candidato más votado en las PASO apenas unos días antes en su presentación en el MALBA, donde compartió cartel con Mauricio Macri.
No es que el durísimo comunicado del Frente de Todos presentado ante el FMI falte a la verdad; tal vez eso sea discutible, pero sabían muy bien sus autores que a partir de ese posicionamiento los mercados volverían a temblar al día siguiente, atento a las dudas abiertas en torno a la posibilidad de que el último desembolso del Fondo correspondiente a lo acordado con el gobierno de Macri, realmente se concrete. De hecho, a media semana se especulaba con que esos 5.400 millones de dólares recién llegarían a la Argentina en noviembre, definido ya quién será el presidente a partir del 10 de diciembre. Hoy, a la luz de los acontecimientos, eso también está en duda.
El gobierno reaccionó con las medidas anunciadas por Hernán Lacunza el martes, que entre otras cosas comprometen a la oposición al darle curso al Congreso a participar de lo que se resuelva en torno a la deuda. Ese fue el objetivo interno y externo de ese tramo de lo anunciado, que encontró por unas horas el silencio colaborativo de Alberto Fernández, solicitado especialmente por el ministro de Hacienda en una comunicación telefónica.
Pero ese compromiso también duró poco, pues el viernes el candidato kirchnerista dejó claro que la oposición de ninguna manera va a apoyar el “reperfilamiento” de la deuda. Fue en definitiva lo más importante de sus declaraciones al influyente The Wall Street Journal, pero lo que más impactó fue la categorización de “default virtual” que el candidato anunció y que atribuyó a Macri y al FMI. Tras semejantes expresiones, cuyas consecuencias bien puede presagiar Fernández, queda muy poco margen respecto de lo que pueda llegar a acordarse entre el gobierno y la principal oposición.
Desde el Frente de Todos le endilgan al Presidente seguir haciendo campaña y desatender su obligación de gobernar en el marco de semejante crisis. Pero desde la vereda de enfrente se retruca que el gobierno no puede anunciar una claudicación total como la que sueñan desde el kirchnerismo, pues eso completaría el cuadro de “vacío de poder”, precipitando las cosas dramáticamente. “Lo mejor que puede hacer el Presidente para preservar la gobernabilidad es mantenerse competitivo, en la medida de las posibilidades que la realidad concede”, confió a este medio un funcionario sobre el final de la semana pasada, admitiendo que esas posibilidades son cada vez más menguadas.
Interpretan en la Casa Rosada que los más talibanes de la oposición, con los que debe lidiar el propio Fernández para mantener el delicado equilibrio interno en el marco de una fuerza tan diversa como la que encabeza junto a CFK -la dueña de los votos-, desean una capitulación de parte de Juntos por el Cambio, o un desenlace caótico de la crisis capaz de permitirles quedarse incluso con aquellos distritos donde el oficialismo todavía puede resistir.
En una suerte de renovado “vamos por todo”, el objetivo son aquellos municipios importantes donde de manera impensada el FdT se impuso en las elecciones de agosto y cuyos intendentes buscarán mantenerse con vida con los recursos que tengan disponibles y apelando incluso al corte de boleta. Pero más allá de eso el objetivo mayor es la provincia de Mendoza, donde se vota el 29 de septiembre y la candidata camporista Anabel Fernández Sagasti busca sacar partido del efecto Alberto Fernández, que ganó allí sorpresivamente el 11 de agosto; y el premio mayor: la Ciudad de Buenos Aires. Allí, sin contar los votos en blanco, como sucederá en octubre, Horacio Rodríguez Larreta pasaría el 50% y ganaría sin balotaje en caso de repetir los resultados de las PASO… pero un escenario de desastre alentaría lo impensado. La campaña del kirchnerismo duro alienta a vencer al PRO en su distrito cuna, de modo tal de “liquidar definitivamente al macrismo”.
De alguna manera lo expresó este sábado Cristina Kirchner en una nueva presentación de su libro “Sinceramente”. Ante una multitud convocada en la Facultad de Periodismo de La Plata, reclamó un “nunca más” para “estas recetas neoliberales que les metieron a la gente en la cabeza por decimotercera vez”.
La campaña para octubre, que ni siquiera se ha iniciado, dependerá de lo que suceda en los mercados. Lo sabe bien el gobierno, donde desecharon algunas de las alternativas sugeridas para enfrentar la crisis, pero nada es definitivo. Como está probado que esto es un “día a día”, la posibilidad de que finalmente se apliquen medidas desechadas a priori es cada vez más concreta. Como la de poner algún tipo de control a la disponibilidad de acceso a los dólares. “No a los depósitos”, aclaran los economistas consultados. Limitar la compra y venta de moneda y forzar la venta de dólares de quienes los producen, que son los exportadores. El hecho de que estas medidas trasciendan no hace más que alentar las posibilidades de que finalmente deban adoptarse.
Por lo pronto, los bonos argentinos y el riesgo país tendrán un día de paz este lunes, ya que es feriado en los Estados Unidos, pero para el martes se esperan por ejemplo las consecuencias de la decisión de la consultora Fitch, que puso a la Argentina en la categoría de “default restrictivo”.
El proyecto que enviará el gobierno al Congreso debía haberse presentado el viernes, pero fue postergado para este lunes para ultimar detalles del mismo. El ministro Lacunza se presentará el miércoles en la Bicameral de la Deuda que preside el muy crítico José Mayans, quien sin embargo se comporta muy responsablemente cada vez que le toca manejar un evento en el que participe un funcionario. Puede dar cuenta de ello Luis Caputo por su recordado paso por esa comisión, aquella vez en que fue increpado por Gabriela Cerruti. A propósito, “Toto” Caputo volvió a ser consultado por el gobierno nacional en la emergencia de estos días y que en ese marco volvió a la Casa Rosada, donde se lo vio protagonizando una discusión con Miguel Angel Pichetto, quien desde la oposición fue especialmente crítico con los manejos del extitular del Banco Central.
Lacunza se dedicó el fin de semana a ultimar detalles del proyecto, para el cual espera contar con el acuerdo de la oposición, que como dijimos ya se anticipa más que complicado. Con todo, fuentes legislativas consultadas por este medio admitieron que lo que realmente le interesa al gobierno es el DNU presentado el jueves, que establece un nuevo cronograma de pagos para los títulos de deuda con vencimiento en el corto plazo (Letes, Lecaps, Lelink y Lecer), y que deberá ser debatido en la Bicameral de Trámite Legislativo. El gobierno no quiere que la oposición le voltee ese decreto, que involucra a la gestión actual. El proyecto de ley en cambio es para los bonos a mediano y largo plazo. “Si no sale la ley, no es la muerte de nadie”, aclaró una encumbrada fuente legislativa presumiendo la hostilidad de la oposición hacia esta iniciativa que, en definitiva, no le mueve demasiado el amperímetro al gobierno, aunque desearía obviamente un tratamiento veloz y su correspondiente aprobación. Con todo, imaginan que el tema dará pie a “una puesta en escena” de parte de la oposición, que aprovechará para desgranar un rosario de críticas en plena campaña hacia el gobierno por el manejo de la deuda.
