Las bodas de plata de la reforma constitucional que finalizara con la sanción de un nuevo texto el 22 de agosto de 1994, es ocasión para hacer un repaso de su origen, logros, asignaturas pendientes y distorsiones que trajo aparejada.

En esencia, si bien la misma se sancionó por consenso mayoritario de los convencionales presentes, que representaron 19 expresiones políticas de ese momento –desde la derecha hasta la extrema izquierda-, debe recordarse que la misma fue fruto del espurio “Pacto de Olivos”, donde Carlos Menem se aseguraba la posibilidad de la reelección presidencial y Raúl Alfonsín, para calmar a sus huestes, conseguía el tercer senador por provincia –aumentando innecesariamente el gasto público-, y la creación de organismos con representación de las segundas fuerzas parlamentarias.

Este acuerdo terminó con el sistema de colegio electoral, mecanismo de elección indirecta, donde el conjunto de las provincias cedieron protagonismo ante la fuerza electoral de los tres o cuatro distritos más populosos, desnaturalizando al federalismo que debió regir en el país, en aras de un desarrollo más armónico y de una mejor defensa de los intereses del interior del país.

Asimismo, el acortamiento del mandato presidencial de seis a cuatro años, con posibilidad de reelección, hace que los gobernantes estén permanentemente pensando en términos electorales –incluso en lograr su propia reelección-, en vez de gobernar a conciencia. En estos 25 años, sobran los ejemplos y los despilfarros electoralistas, con tal de lograr la tan ansiada reelección.

No obstante ello, el nuevo cuerpo constitucional se modernizó, incorporando derechos acordes con el final del siglo XX, como los protección del medio ambiente, del consumidor y de la información; así como la introducción de la figura del Jefe de Gabinete de Ministros, sistemas de democracia indirecta, la regulación de los derechos de necesidad y urgencia o la jerarquía constitucional a tratados internacionales, algunos de los cuales, no obstante, no se cumplen en su totalidad, como ocurre en materia de derechos humanos. También significó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, principalmente coronada por la elección directa de su Jefe de Gobierno y la creación de la Auditoría General de la Nación y del consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones.

En otro orden, la mayor asignatura pendiente es la sanción de la ley de coparticipación federal de impuestos, materia muy conflictiva y que fue la base de los desacuerdos desde el momento mismo de nuestra independencia, que debe culminarse con un acuerdo serio y permanente, siendo nuestra opinión que los mayores recursos deben recaudarse en las provincias y coparticiparse a la Nación, a la inversa de lo que ocurre actualmente.