El juez federal Luis Rodríguez envió este lunes a juicio oral y público al diputado suspendido y exministro de Planificación Julio De Vido, en el marco de la causa sobre presuntas irregularidades con el manejo de fondos en obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio en la provincia de Santa Cruz.

Esta es una de las dos investigaciones por la que hace ya casi dos años De Vido fue desaforado en la Cámara de Diputados e, inmediatamente, detenido en el penal de Marcos Paz. Aunque se le dictó la falta de mérito en la causa de gas licuado, actualmente tiene también prisión preventiva por el caso de los “cuadernos de las coimas”.

A días de que la Cámara Federal porteña rechazara su pedido de prisión domiciliaria, el exfuncionario K tuvo un nuevo revés judicial. En esta causa está acusado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Tras el pedido del fiscal Carlos Stornelli, el magistrado dispuso la elevación a juicio del caso que tiene a 19 imputados, entre ellos el exmano derecha de De Vido, Roberto Baratta.

Según la acusación, “el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, en principio y cuanto menos, a la suma de $176.074.373”, y -de acuerdo a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)- existía un monto de $88.320.750 sólo en concepto de “gastos administrativos”.

Todos están acusados de “haber participado de una maniobra defraudatoria” entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016 por la que hubo una “ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional”.