La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Marcos Makon, dio a conocer en las últimas horas un informe sobre el impacto fiscal que tendrá en 2019 el proyecto de ley de la oposición que busca declarar la emergencia alimentaria.

La iniciativa, en su artículo cuarto, dispone “un incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

Según los cálculos de la OPC, si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados, el costo ascendería a 10.489 millones de pesos.

En cambio, si el aumento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto, el costo ascendería a 4.061 millones de pesos.

En el informe, el ente especializado también hizo un relevamiento del nivel de ejecución de las partidas destinadas a programas alimentarios.

Al 31 de agosto, el programa de Políticas Alimentarias presenta una ejecución de 10.193 millones de pesos, lo que implica un 56,0% respecto al crédito vigente.

Por su parte, el Plan Nacional de Protección Social cuenta con un presupuesto vigente de 372 millones de pesos, habiendo ejecutado al 31 de agosto un total de 267 millones de pesos (71,8 % de ejecución).

Por último, el programa Pro Bienestar del INSSJyP contempla una asignación presupuestaria para 2019 de 2.395 millones de pesos en concepto de bolsones de alimentos -al 31 de agosto no se cuenta con información sobre la ejecución presupuestaria del programa-.

“En el transcurso de ocho meses de 2019 las iniciativas vinculadas a las políticas nacionales de alimentación recibieron refuerzos presupuestarios respecto a su crédito inicial por un total de 5.560,6 millones de pesos, representando un incremento del 36,1% respecto al crédito inicial”, precisó la OPC.

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