Los que se ganaron en las calles con la protesta el espacio que otros no ocuparon se sienten en autoridad de reclamar dividendos. Los propios y los ajenos, ven a los Fernández gobernando a partir del 10 de diciembre. El gobierno actuó como en 2016, cuando imaginaban un futuro más promisorio.
Por José Angel Di Mauro
A su regreso de Europa, de donde trajo buenas sensaciones, el candidato presidencial más votado en las PASO dedicó la semana a planificar la campaña -que formalmente ya se inició, pero que en la práctica está en modo “off”-, estrechar vínculos y aventar fantasmas.
En este último caso deben ponerse las expresiones vertidas el primer día hábil de la semana -el mismo de su regreso a Buenos Aires-, cuando desde el principal canal de cable del grupo Clarín proclamó que “no hay ninguna posibilidad de que a mí me convenzan de que hay que reformar la Constitución”. La aclaración de Alberto Fernández viene a cuento de la necesidad de no dejar cabos sueltos en el camino a las elecciones y la frase que el sábado anterior había dejado su compañera de fórmula en Misiones, que en el marco del “Sinceramente tour” habló de recrear “un nuevo orden”, abría paso a hipótesis que en este tiempo el Frente de Todos quiere mantener bien lejos. Tiene sentido: están convencidos de que la elección del 27 de octubre está ganada, salvo que ellos mismos la pierdan. No hay mérito que pueda alcanzar el gobierno actual capaz de revertir el resultado de las PASO, piensan en el local de la calle México y en el de Rodríguez Peña.
Inquietan en el albertismo expresiones como las de Juan Grabois hablando de reforma agraria, o su gente alterando los ánimos en los shoppings; no más que el tan confiable Felipe Solá sugiriendo volver a la Junta Nacional de Carnes, o los más ultras hablando de venganzas, o de una reforma constitucional. Pero en el afán de contener filas en el muy diverso frente conformado para derrotar al macrismo, no hay espacio para rotundas desautorizaciones. Se limitan a dar por entendido que el moderado Alberto Fernández no dará lugar a excesos.
Estrechó vínculos Alberto en Tucumán, donde Juan Manzur volvió a hacer una demostración de fuerza dirigida al interior de la influyente liga de gobernadores que pretende liderar. Allí se mostró el candidato con el líder de la UIA y el jefe cegetista Héctor Daer, que sueña con algún cargo en el gobierno peronista.
Pero la semana estuvo signada por la protesta en las calles, encabezadas por dos organizaciones sociales vinculadas con candidatos presidenciales. El Polo Obrero, órgano piquetero del PO y cuyo referente para el 27 de octubre es el diputado trotskista Nicolás del Caño; y Barrios de Pie, de Libres del Sur, aliado a Consenso Federal, la fuerza que postula a Roberto Lavagna. El exministro de Economía no creyó necesario expresarse en contra del acampe en la 9 de Julio: le alcanza con pensar que a nadie se le ocurriría vincularlo con una protesta del piqueterismo duro, aunque las identidades sean las que detallamos.
La confusión es más amplia: la rápida réplica del Congreso al pedido de declarar la emergencia alimentaria pareció una respuesta a la protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social, cuando en realidad esos sectores no reclamaban lo que se aprobó a las corridas y que se convertirá en ley este miércoles en el Senado.
El episodio vivido esta semana en las calles y la reacción del Congreso en general, pero del oficialismo en particular, remite a lo sucedido en 2016 con la ley de emergencia social que las organizaciones sociales impulsaron entonces en ambas cámaras y a la que Cambiemos resistió en un principio, pero terminó concediendo para evitar complicaciones y garantizarse un fin de año en paz.
Aunque como tantas otras cosas de la gestión macrista, un tema que implicaba una gigantesca asignación de recursos quedó opacado porque esa ley se aprobó a fin de año en el marco de la polémica generada por el debate del impuesto a las Ganancias -donde el oficialismo también terminó cediendo-. La Ley de Emergencia Social “fue consecuencia de una presión grande de los grupos sociales, sobre todo, más que de la política, que se montó también un poco sobre eso. Y bueno, ahí nosotros le dimos un poco de espacio para tener un fin de año tranquilo”, admite un hombre de Cambiemos que trabajó en el acuerdo, según se cuenta en el libro “Gobernar en minoría. El karma de la gestión Cambiemos”, de quien esto escribe y que acaba de aparecer. “En principio lo que salió parecía extremadamente caro, pero en aquel momento parecía razonable para que tuviéramos un verano tranquilo”, observa la fuente, que concluye con un dejo autocrítico: “Era 2016, nuestro primer año, que había sido muy duro, con 40 puntos de inflación, no era joda… Y así y todo, la imagen de nuestro gobierno estaba muy alta”. Había que preservarla.
Eran tiempos en que el gobierno imaginaba una estadía mínima de 8 años en la Casa Rosada. Hoy la situación es bien distinta y la decisión se adoptó atendiendo una crisis real, pero pensando también que será el próximo gobierno el que deba hacerse cargo del gasto que la norma implique. Y ninguna de las mentes racionales que habitan en Balcarce 50 piensa realmente en sí mismos al plantear el esfuerzo fiscal que ello implicará.
Tampoco en este gobierno pensaban las columnas piqueteras que se estacionaron dos días en la avenida más ancha del mundo. Ni aquellas afines al Frente de Todos que fueron al Congreso a acompañar la media sanción aprobada en tres horas en la Cámara baja. Unos y otros imaginan que Alberto Fernández estará en el gobierno a partir de diciembre y cada uno a su manera le marcó el territorio. Los que reclamaron ante el Ministerio de Desarrollo Social y prometen volver esta semana por la teoría de “cuanto peor mejor” y esperan confrontar con el nuevo gobierno con la “autoridad” que les da haberlo hecho con Macri hasta el último día; y los movimientos sociales afines, justamente los que impulsaron la ley de emergencia alimentaria, que son parte del Frente de Todos, y se imaginan siendo consultados en las decisiones que adopte un gobierno de los Fernández.
Número 3 en la lista de candidatos a diputados nacionales del FdT bonaerense, Leonardo Grosso es el presidente del bloque del Evita y compartió tiempo de discurso durante la sesión del jueves pasado con Victoria Donda, otra aliada dentro de la oposición más votada en las PASO, con futuro en el Ejecutivo. Ambos fueron de los discursos más duros con el gobierno en un debate en el que se había acordado moderar los ánimos y evitar que la sesión adoptara un tinte electoral. En el mismo tono, o aun más duro, se la escuchó a Cecilia Moreau, que habló por el massismo con términos tales como que “el hambre en la Argentina estos 3 años y medio se ha agravado como nunca”.
Lució moderado en cambio el presidente del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, que evitó fuertes conceptos contra el gobierno y hasta celebró “que el oficialismo hoy nos esté acompañando, porque sino hubiéramos tenido que hacer malabares para tener los dos tercios y aprobar esta ley”. En el mismo tono planteó hacia un futuro en el que se imagina oficialista que “no vamos a resolver el hambre si Argentina no vuelve a crecer económicamente”. Sorprende el contraste, pero siempre ha sido habitual en el kirchnerismo que ellos luzcan moderados en comparación con los aliados.
La Cámara de Diputados volvió a funcionar dos meses y medio después de la última sesión, en un año de inactividad notoria, aunque no tan diferente de lo que han sido los anteriores dos años en los que hubo elecciones presidenciales. Donde se va reconfigurando el panorama en los diversos bloques de cara a lo que vendrá. Y en ese marco vale destacar que a la hora de los cierres, por el interbloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores, habló su presidente, Pablo Kosiner, un hombre del riñón del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, candidato a vice de Roberto Lavagna. A su derecha estaba su comprovinciano Javier David, que hace rato que se alineó con los Fernández. De Kosiner afirman en Consenso Federal que formará parte de la decena de diputados que tendrá el lavagnismo en la próxima conformación, y que actuará como oposición, no como aliado del eventual gobierno del Frente de Todos.
Una oposición que trabajará seguramente en consonancia con el futuro bloque de Cambiemos, o como vaya a llamarse esa bancada con destino opositor. Se verá.
Vale para quienes desde la cercanía de Alberto Fernández insisten en reiterar el deseo del candidato de que Roberto Lavagna sea su futuro ministro de Economía. Un cargo que el susodicho descarta, y Lavagna ya ha dado muestras el último tiempo de su disposición a mantener sus posturas. Sugerirlo como eventual ministro tiene el doble objetivo de fortalecer las chances de Fernández -que recuerda lo que le valió en 2003 a su entonces jefe anunciar su continuidad en el cargo si ganaba-, y hacerse de una parte de sus votos el 27 de octubre. Es de manual.
