El legislador justicialista, y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja advirtió la “la falta de previsión y gobernabilidad del Ejecutivo”.
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, diputado nacional por San Luis, Andres Vallone, volvió a cuestionar el avance de Presupuesto Nacional 2020.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, lo presenta en el Congreso, tal como lo establece el Artículo 85 de la Constitución de la Nación, y la Ley Nº 24.156 de la Administración Financiera y de los sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece, entre otras normas, que el Poder Ejecutivo, a través de su ministro, deberá presentar el Presupuesto para el próximo año en el Congreso (Art. 75 de la Constitución), y precisamente ante la Cámara de Diputados de la Nación (art. 52), un día posterior al 15 de septiembre del año en curso (Art. 26 de la Adm. Financiera).
Dicha presentación debe ir acompañada de un mensaje que contenga una relación con los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología a utilizar, todo establecido por Ley.
En lo que Vallone insiste, es que se deje para después del 27 de octubre el tratamiento de la “Ley de Leyes”, ya que, advierte, ante este escenario, de una devaluación cercana al 30%, el día posterior a la derrota del oficialismo en las PASO, en casi todo el territorio argentino, “es de pensar que el actual mandatario, no será quien administre los recursos financieros el próximo año”.
En este sentido, sostuvo que, ante “la falta de previsión y gobernabilidad del Ejecutivo”, el pedido de “reperfilamiento” de la deuda, una inflación que duplica la esperada para 2019, “lo que sigue golpeando letalmente a la producción y al consumo, con un dólar a $60, promedio”, entre otras variables económicas, “estoy convencido que quienes proyectan las finanzas para el próximo año, difícilmente sean quienes las ejecuten. Debería ser un presupuesto abierto para que lo modifique el nuevo gobierno”.
Finalmente, señaló que “este Gobierno, que ha incrementado las desigualdades producto de las dinámicas sociales y económicas influyen en la anomia social. Lo que se ve reflejado en una Argentina con un índice de Pobreza supera el 33%, con 2,2 millones de nuevos pobres en este último año, el porcentaje destinado a políticas sociales y laborales debería ser claro y prioritario, y debería ser consensuado con quienes gobiernen las arcas del estado a partir del 10 de diciembre”.
