Por José Luis Gioja. El presidente del PJ sostiene que, según diversas fuentes, el Gobierno tiene esa intención. "Es una movida inspirada en intereses electorales y de corto plazo", dice.
La información que nos llega de distintas fuentes es que está tomando cuerpo y volumen la idea del Gobierno Nacional, a escasos meses de la culminación del mandato del presidente Mauricio Macri, de pretender transferir el Puerto de Buenos Aires a la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) administrada por su socio político Horacio Rodríguez Larreta.
De más está decir que nos oponemos a esta maniobra por considerarla un manotazo de ahogado -a sólo 90 días de entregar el gobierno- que no puede entenderse sino como una movida inspirada en intereses electorales y de corto plazo. A su vez, implica la venta con fines inmobiliarios de grandes terrenos del Dominio Público Nacional sin la debida intervención del Congreso Nacional y la única posibilidad que les quedará de continuar con el proyecto de Licitación con un solo operador portuario dirigido el socio y amigo presidencial Nicolás Caputo.
Teniendo conocimiento del afán por los negocios inmobiliarios de Macri y Larreta, instamos al Gobierno Nacional a abstenerse de vender cualquier terreno que a la fecha pertenezca a la jurisdicción del Puerto de Buenos Aires, toda vez que ello constituiría un grave delito.
Ésta maniobra echará por tierra la estructura medular de la historia y conformación política de nuestro País, dejando en situación vulnerable a las economías del interior del País frente al criterio concentrador y centralista de la Capital.
El Puerto Buenos Aires es el más importante de Argentina en el movimiento de mercaderías “contenedorizadas” (las de mayor valor agregado). Por él transita el 65% del tráfico de contenedores que ingresa o egresa del País. De estos embarques de exportación y las importaciones de insumos industriales que se mueven por el Puerto Buenos Aires, corresponden en amplia proporción a industrias alojadas en el interior de la República.
Esta preeminencia en el mercado del comercio exterior argentino hace que cumpla un rol de “puerto testigo”, impidiendo que los puertos que compiten con él, aún en volúmenes menores, puedan aplicar tarifas abusivas e incrementar costos que finalmente recaen sobre los productores, especialmente sobre aquellos de las economías regionales, alejados de la Gran Ciudad.
Históricamente ha sido el vértice de una política portuaria nacional siendo administrado por el Estado Nacional con un espíritu federalista y promocional, absorbiendo los costos de explotación e inversiones en infraestructura, los que son de gran incidencia en la competitividad final de nuestros productos.
Por otro lado, la ubicación geográfica del Puerto Buenos Aires en el contexto del Río de la Plata, lo coloca en franca competencia con el Puerto de Montevideo (ROU), e incluso con el de Santos (Brasil). Todos ellos luchan por ser el puerto concentrador del cono sur con el objeto de abaratar los costos de las mercaderías que transitan por los mismos. La República no puede dejar esta competencia en manos de un gobierno local cuyos intereses constantemente se disocian de los provinciales.
Por lo expuesto, consideramos un grave error intentar transferir la administración del Puerto de Buenos Aires a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, ya que mantenerla en manos del Estado Nacional hace a la esencia de nuestro sistema federal de gobierno así como al desarrollo equitativo de las economías de cada una de nuestras provincias.
*Diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ y presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista.
