La medida promovida por las legisladoras Patricia Vischi e Inés Gorbea prevé obtener precisiones acerca de la calidad del hábitat, las condiciones de salud que este genera, su proximidad a espacios públicos y centros educativos, entre otras cuestiones.
Luego de que se autorizara una nueva prórroga en la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza- Riachuelo, las diputadas de Evolución Patricia Vischi e Inés Gorbea presentaron en la Legislatura porteña un pedido de informes para conocer el estado de la misma.
De esta manera buscarán obtener precisiones sobre el total de empresas y establecimientos industriales empadronados y conocer cuáles y cuántos fueron declarados agentes contaminantes susceptibles a producir un impacto ambiental; así como también cuántos están en proceso de reconversión tecnológica y su grado de avance y cuáles son los establecimientos que finalizaron su proceso de reconversión.
Al mismo tiempo le exigen al Gobierno porteño que informe sobre el estado financiero de los créditos otorgados por convenios con organismos multilaterales de crédito y sumas desembolsadas y sobre la asignación presupuestaria imputada para las actividades de ACUMAR en el ámbito geográfico de la Cuenca en la Ciudad.
En relación a la calidad del hábitat, las diputadas buscarán conocer la proporción de la población que “habita en hogares sin servicios básicos formales, discriminados por servicios de agua potable, de cloacas, pluviales, de gas y de electricidad”, si estos viven en viviendas precarias y en condiciones de hacinamiento, entre otras cuestiones.
Mientras que sobre las condiciones de salud de los habitantes aledaños a la cuenca, exigen precisiones sobre la tasa de mortalidad de menores de cinco años y de personas con enfermedades respiratorias; así como también sobre el total de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura, entre otros puntos.
En los fundamentos de la medida, Vischi y Gobea aseguraron que “las obras realizadas en estos trece años no han suficientes para dar por cumplido los objetivos marcados originariamente por la legislación vigente y su prórrogas” y sentenciaron que “se vuelve entonces necesario conocer con mayor detalle y frecuencia cuáles resultados se han alcanzado; conocer con información basada en indicadores ‘duros’ el grado de avance efectivamente logrado permitirá tomar medidas claras y pertinentes que indiquen resultados concretos en términos de mejora de la calidad de vida de la población que habita en la zona de emergencia ambiental”.
