El máximo tribunal se inclinó a favor del reclamo de 15 provincias que habían presentado queja en la justicia por las medidas adoptadas después de las PASO, las cuales impactaban en los recursos coparticipables.
En un fallo dividido, la Corte Suprema de Justicia resolvió en contra del Gobierno nacional en el reclamo que 15 provincias habían llevado hasta esa instancia por la rebaja en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los cambios en el Impuesto a las Ganancias -ambas medidas adoptadas tras las PASO-, que impactaban en los recursos coparticipables.
El máximo tribunal decidió este martes que la Nación deberá afrontar “los costos fiscales de la aplicación de los decretos 561/19 y 567/19” con “recursos propios” y “sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán”.
La decisión fue adoptada en el marco de la causa que se abrió cuando la provincia de Entre Ríos impugnó el decreto que subió un 20% el piso y la deducción especial a partir de los cuales pagan Ganancias los jubilados y los empleados en relación de dependencia, y también planteó la inconstitucionalidad del decreto que dispuso la devolución del IVA a los alimentos de la canasta básica; todo esto argumentando un perjuicio fiscal por mil millones de pesos.
Para conceder la medida cautelar, la Corte consideró que existía “verosimilitud en el derecho invocado por la provincia” y “un peligro acreditado que podría producirse en caso de demorarse su otorgamiento” por los compromisos presupuestarios ya asumidos y en ejecución.
El fallo salió con los votos positivos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En disidencia se inclinó el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, mientras que la jueza Elena Highton de Nolasco no votó.
La mayoría fundó su decisión “en la regla básica de la Constitución Nacional que organiza un estado federal y, en particular, la significación del régimen de coparticipación federal de impuestos, al cual los constituyentes reformadores de 1994 otorgaron un explícito reconocimiento constitucional como uno de los instrumentos en cuya observancia descansa la efectiva vigencia de ese sistema”.
Además, los jueces remarcaron que “la posibilidad de detraer -como excepción- recursos coparticipables” debe ser algo “dispuesto por el Congreso y cumpliendo los requisitos constitucionales”. “Así, el tribunal consideró que las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional, sin contar con competencia para ello, podrían importar una erosión de la masa coparticipable a las provincias”, indicaron.
Por su parte, Rosenkrantz consideró que “en virtud de que Ley de Coparticipación y el ‘Consenso Fiscal’ no reconocen a las provincias adheridas al régimen más que el ‘derecho a participar en el producido de los impuestos’, es decir, el derecho a la distribución de los impuestos coparticipables ya recaudados, es claro que carecen de legitimación activa para reclamar judicialmente la protección de la expectativa de una mayor recaudación o bien que el Estado Nacional recaude ciertos impuestos”.
