Los diputados nacionales Facundo Suárez Lastra (UCR) y Héctor “Toty” Flores (Coalición Cívica) presentarán este jueves un proyecto de ley para facilitar, simplificar y reducir los procesos judiciales que tienen que abordar hoy todos los argentinos indocumentados. La propuesta, sostienen, “es una pieza fundamental” para conseguir la articulación entre Estado y sociedad civil, y busca amparar ante todo a los menores de 18 años y a quienes pertenecen a pueblos indígenas.

Cuando se piensa en la población indocumentada habitualmente se la asocia a la migración internacional informal. Sin embargo, advierten los autores del proyecto, “no se visualiza la inconmensurable cantidad de argentinos que nacieron en nuestro territorio y que aún hoy no cuentan con Documento Nacional de Identidad careciendo así de toda identidad legal”. Sobre esto, consideran que esta ausencia “vulnera el primer derecho, el derecho a la identidad de las personas y consecuentemente impide el acceso a una multiplicidad de derechos fundamentales como la posibilidad de obtener certificaciones de los estudios alcanzados y de acceder a beneficios como obras sociales. Imposibilita, además, el ingreso al mercado laboral formal, limita el ejercicio de derechos políticos y el libre movimiento de las personas, entre otros”.

Ante este panorama, Suárez Lastra y Flores elaboraron el proyecto de ley con el trabajo propuesto desde el Observatorio de DDHH del Senado y la Defensoría del Pueblo de la Nación, que “resulta fundamental para fomentar la articulación de las relaciones entre Estado y sociedad civil procurando asegurar el efectivo acceso de la ciudadanía al Documento Nacional de Identidad”, según manifestaron.

En este sentido, sostienen que la posesión de un documento que certifique la identidad de una persona “es tanto un derecho como una obligación legal para todos los individuos, independientemente de su edad. Es nuestra obligación modernizar nuestras instituciones para poder dar cumplimiento a esta instancia fundamental en la vida de las personas”.

Asimismo, Suárez Lastra expresó que con la modificación propuesta “esperamos mejorar las condiciones de vida y reducir la informalidad. Buscamos ampliar los derechos de estas personas, garantizando su acceso a la justicia, la gratuidad del proceso y la producción de la prueba, asegurando un rol activo de los agentes estatales y la veloz intervención judicial para la resolución de estos procesos”.

Entre los principales cambios a la legislación vigente, el texto, propone que en caso de falta de certificado de nacimiento expedido por médico u obstétrica para menores de hasta 18 años se admita un certificado expedido por un establecimiento público médico con determinación de edad presunta y sexo. Y, en cuanto a los datos sobre la fecha y lugar del nacimiento surgirán de una declaración de dos testigos mayores de edad.

Facilita también el acceso al Registro de las Personas a los mayores de 18 años, garantizando que las inscripciones por resolución judicial sean llevadas adelante en su totalidad por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en un procedimiento gratuito en todas sus instancias.

El proyecto de ley presentado adscribe a los Objetivos 2030, propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, a los que nuestro país adhirió en 2015. Específicamente hace referencia a la Meta 16.9, que propone: “De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos”.