Proponen que las demandas por extinción de dominio no paguen tasa de justicia

El legislador nacional radical Gustavo Menna, autor del proyecto, advirtió la necesidad de facilitar la promoción de este tipo de acciones.

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó un proyecto de ley con el objetivo de eximir del pago de la tasa de justicia a las demandas vinculadas con la extinción de dominio, es decir aquellas iniciadas para la recuperación, por parte del Estado, de los bienes adquiridos en el marco de hechos de corrupción o por el narcotráfico en la Argentina.

Para la presentación del proyecto, Menna contó con el acompañamiento de sus pares de otras provincias Claudia Najul (Mendoza), Lorena Matzen (Río Negro), Mario Arce (Formosa), Roxana Reyes (Santa Cruz), Gonzalo del Cerro (Santa Fe), Aída Ayala (Chaco), Alejandro Echegaray (Buenos Aires), Carlos Fernández (Buenos Aires) y Miguel Bazze (Buenos Aires).

El legislador de la UCR-Cambiemos explicó que en la Argentina está vigente el Régimen Procesal de Extinción de Dominio, que consiste en “una acción civil que apunta a que aquellos imputados por delitos defraudatorios contra el Estado como corrupción, lavado de activos o por causas de narcotráfico y de crimen organizado en general, además de afrontar la responsabilidad penal, devuelvan al Estado y a la sociedad los bienes malhabidos o los que adquirieron como resultado de sus delitos”.

“Esta acción -precisó el legislador- está a cargo del Ministerio Público Fiscal, a través de una Procuraduría especial de Extinción de Dominio a crearse en ese ámbito”.

En este marco, especificó, “presentamos un proyecto de ley para que, tanto las demandas como las medidas cautelares que se promuevan dentro de este régimen, estén exentas del pago de tasa de justicia”.

“Hay mucho para recuperar: más de $ 300.000 millones por causas de narcotráfico por ejemplo; además de los bienes a recuperar en causas de corrupción”, agregó.

Ante ello, Menna consideró necesario “facilitar la promoción de este tipo de acciones y eximirlas del pago de una tasa de justicia. Porque es el Estado el que promueve la acción y porque el objeto de este tipo de demandas apunta a recuperar bienes para el beneficio de la sociedad”.

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