De un crédito de 418,8 millones de pesos, solo se ejecutó el 7,9%, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El nivel de ejecución de las partidas con perspectiva de género es más bajo que el del gasto total. Las asignaciones monetarias son el mayor componente del gasto.
Por Carolina Ramos
A pocas horas de que el presidente Mauricio Macri enviara al Congreso un proyecto de ley que apunta a combatir la violencia de género, se conoció un informe que expone un alto nivel de subejecución de las partidas presupuestarias destinadas a atender la problemática: entre enero y agosto, se ejecutó menos del 10% del crédito vigente.
En efecto, de 418,8 millones de pesos vigentes al mes de agosto sólo se ejecutaron 33,2 millones, es decir apenas el 7,9%, incluso habiendo tenido una reducción presupuestaria del 13,7% en lo que va del año, ya que el crédito inicial era de 485,3 millones.
Así surge de un detallado informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el órgano de apoyo técnico de los legisladores. Allí se identificaron 26 “ítems” con perspectiva de género, que representan un 3,7% del gasto público de la Administración Nacional.
El organismo formuló un análisis según cuatro dimensiones: ingresos; salud sexual y reproductiva; violencia de género; y sensibilización, visibilización y capacitación en género. En este marco, el área de violencia de género es la más afectada, pues presenta el menor nivel de ejecución de partidas.
Las actividades comprendidas en este ítem tienen que ver con la prevención y el tratamiento de los casos y denuncias, protección de las víctimas, capacitaciones, generación de estadísticas y programas de difusión y visibilización.
Por ejemplo, en el marco del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ejecutó solo el 9,8% del gasto, sobre un crédito vigente al mes de agosto de 298,7 millones de pesos, en materia de protección a las víctimas de violencia -esto es, gastos en personal y servicios de vigilancia-.
Otro caso es el del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 del INAM (Instituto Nacional de la Mujer), que incluye entre otras cosas la línea gratuita 144, que atiende denuncias de violencia de género.
El crédito vigente para este plan asciende en su totalidad a 46,1 millones de pesos y representa un 25,8% menos que el presupuestado inicialmente (62,1 millones). El nivel de ejecución del programa se encuentra en torno al 4,5%, ejecutándose al mes de agosto 2,1 millones, según la OPC.
Las otras dimensiones
El área de violencia de género es solo una de las cuatro que tuvo en cuenta la OPC a la hora de elaborar su informe. En total, las actividades del Presupuesto con perspectiva de género registran al mes de agosto un crédito de 165.304,5 millones de pesos, con un nivel de ejecución del 56,5%, que si bien es más de la mitad, es más bajo que el del gasto total, estimado en un 62,9%.
Los programas de género que más insumen gastos son los que implican transferencias monetarias directas y que privilegian la condición de madres de las destinatarias; es decir, la dimensión de los ingresos, cuyo crédito vigente es de 163.501,2 millones de pesos, con un nivel de ejecución del 51%.
En este sentido, la Asignación Universal por Hijo (AUH) representa más del 70% del gasto del Presupuesto con perspectiva de género, seguida por las Pensiones no Contributivas para Madres de siete hijos o más (25,3%) y, en tercer lugar, las acciones del programa “Hacemos Futuro Juntas” (2,4%). Estas tres iniciativas concentran prácticamente la totalidad del gasto (98,8%).
Por su parte, en las actividades relativas a la salud sexual y reproductiva se ejecutó poco más de un tercio del crédito asignado -con un crédito vigente de 1.123,4 millones de pesos, se ejecutaron 428,1 millones-.
En tanto, el área de sensibilización, visibilización y capacitación en género presenta el nivel de ejecución más alto (64,9%), aunque tiene asignado el menor presupuesto relativo (261,2 millones de pesos al mes de agosto). En esta dimensión se inscribe, por ejemplo, la “Ley Micaela”, que obliga a realizar capacitaciones de género en los tres poderes del Estado.
