“Todos los argentinos tenemos derecho a una Justicia que nos ampare y respalde”. Con esa frase, el presidente Mauricio Macri anunciaba este viernes, en el marco de sus propuestas diarias de campaña, una serie de reformas que piensa impulsar en un segundo mandato. Reformas que ya fueron materializadas en proyectos de ley, que hoy se encuentran trabados en el Congreso.

En una cadena de tuits, Macri anticipó que impulsará un Código Penal “moderno”, con penas más altas para algunos delitos, como los de corrupción y narcotráfico. Lo cierto es que el proyecto ingresó al Senado en marzo de este año, y todavía no superó la etapa de las reuniones informativas.

En efecto, la iniciativa -elaborada por una comisión redactora presidida por el juez Mariano Borinsky- todavía no fue debatida entre los senadores de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que en las últimas semanas se limitó a escuchar a funcionarios judiciales y especialistas, casi siempre sin quórum y con escasa presencia de legisladores.

Según acordó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, con representantes de la oposición, antes de las elecciones del 27 se acordará solo la parte inicial del Código Penal, que contiene las disposiciones generales, por lo que el debate sobre los delitos en sí mismos quedará para la próxima composición parlamentaria.

Otro de los anuncios que Macri lanzó este viernes tiene que ver con un nuevo Régimen Penal Juvenil que persigue el fin de “acompañar a los menores que cometen delitos”. Ese proyecto tiene como eje de discusión la baja la edad de punibilidad de los 16 a los 15 años, una reforma resistida por organizaciones de la infancia y adolescencia, como UNICEF.

La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el 1ro. de marzo, horas después de que el presidente lo anunciara en la apertura de sesiones ordinarias. En el mes de abril se realizaron reuniones informativas en las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto. Al igual que con el Código Penal, hubo poca participación de diputados y el debate quedó estancado.

Por otra parte, Macri prometió “terminar para siempre con la violencia y los delitos de los barrabravas”, transformando en delitos conductas que hoy son solo infracciones. Ese fue, precisamente, el objetivo del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara baja fines de 2018, y que se encontró numerosos obstáculos.

El Gobierno impulsó el debate después de los incidentes registrados en la final de la Copa Libertadores de ese año entre River Plate y Boca Juniors. El proyecto fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias, pero cuando el oficialismo lo sometió a votación en el recinto, el 19 de diciembre, quedó expuesto que no había un nivel de acuerdo suficiente entre los bloques, ni siquiera al interior de Cambiemos.

Sucedió algo particular: el proyecto fue aprobado por unanimidad -201 votos afirmativos, ninguno negativo y tres abstenciones-, pero ante las diferencias en torno al articulado, a pedido de Martín Lousteau (Evolución), se votó afirmativamente la vuelta del texto a comisiones. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR) intentó reflotar el debate con reuniones informativas que antes no se habían realizado, pero no logró que se firmara un nuevo dictamen.

La última de las promesas que Macri formuló en su cuenta de Twitter consiste en “extender a todo el país el nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya funciona con éxito en Salta y Jujuy”. Esta nueva norma, en efecto, entró en vigencia el 10 de junio de este año en esos distritos, según lo dispuso la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código el 26 de marzo último.

Esa fue la primera y única vez que se reunió en el año la comisión, presidida por Rodolfo Urtubey (Justicialista), que ahora debe disponer qué provincias serán las próximas en aplicar el sistema acusatorio. El Ministerio de Justicia elaboró un cronograma tentativo de implementación progresiva, que culmina en el año 2025 con la Capital Federal.