Tiene dictamen de comisiones desde fines de mayo, e incluso cuenta con preferencia para ser tratada en la próxima sesión ordinaria, lo que hasta ahora no sucedió. En el Frente de Todos apuntan al Gobierno.
La campaña electoral y la falta de acuerdo entre oficialismo y oposición para consensuar una agenda parlamentaria por fuera de la grieta dejaron en el camino numerosos proyectos que siguen sin ser tratados en el recinto de la Cámara de Diputados. Uno de ellos es la ley de góndolas, que el candidato presidencial Alberto Fernández enarboló en las últimas horas como una de sus propuestas para luchar contra el hambre.
Se trata de una iniciativa para fomentar la competencia de las marcas en los supermercados y frenar conductas monopólicas, lo que redundaría en un beneficio para los consumidores, que podrían contar de esta forma con mayor variedad de productos y precios.
En la sesión del 24 de abril, la tercera del año, se votó por unanimidad la preferencia del proyecto, es decir, la prioridad para que fuera tratado en la siguiente sesión ordinaria. Casi un mes después, el 21 de mayo, las comisiones de Defensa del Consumidor, Legislación General y Presupuesto emitieron dictamen, pero nunca llegó a ser tratado en el recinto.
El motivo que explica esta omisión es técnico pero también político: no hubo sesiones ordinarias desde ese entonces en la Cámara baja, por lo que el proyecto no podía colarse en el temario. Las tres sesiones que sobrevinieron al pedido fueron especiales, es decir, el oficialismo utilizó esa herramienta para elaborar por sí mismo temarios cerrados, sin abrir el juego a otros temas propuestos desde la oposición.
El debate en comisiones arrojó como resultado dos despachos separados: la oposición se aglutinó en un mismo texto que reunió la mayoría de firmas, mientras que Cambiemos fue con una propuesta alternativa. Desde el oficialismo, el titular de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro) fue uno de los que más presionó para que el debate avanzara, pero no fue suficiente.
“Desde la Comisión de Defensa del Consumidor se puso toda la voluntad de acompañar los proyectos. En conjunto con Legislación General y Comercio logramos dictaminar. Lo único que estamos necesitando es que el presidente de la Cámara nos convoque para tratar el tema”, explicó a parlamentario.com la presidenta de Defensa del Consumidor, Marcela Passo (Frente Renovador).
Passo responsabilizó directamente al Gobierno por congelar la ley. “Hay presión de los empresarios de las grandes cadenas de supermercados, que son unos pocos que son los que más tienen. El Gobierno decide priorizar a los pocos que más tienen por encima de todos aquellos que forman parte de la cadena productiva y comercial, y de la gente que necesita pagar los precios más bajos”, advirtió la massista.
Fue Alberto Fernández quien, en el marco de su programa contra el hambre, recogió el guante y prometió que si asume como presidente, impulsará la ley en el Congreso.
El diputado Daniel Arroyo (Red por Argentina), quien se menciona como posible integrante de un futuro gabinete de Fernández, defendió la iniciativa y explicó que -tal como establece el dictamen de la oposición- se busca que ninguna marca pueda acaparar más del 30% de la góndola. “Hoy una empresa tiene tres marcas de harina, ocupa toda la góndola y fija los precios como quiere”, ejemplificó Arroyo en declaraciones a radio La Red.
El legislador destacó que “se fomentará la producción local y se evitará la cartelización. Hoy una empresa grande compra a otra chica para cerrarla y quedarse con todo el mercado. Si solo puede ocupar el 30%, eso no le va a servir”.
