Un resultado electoral despierta entusiasmos y acelera mecanismos que pretenden ver que es lo mejor para hacer en el futuro cercano.

Anta la posibilidad cierta de ganar el gobierno nacional y que Alberto Fernández sea presidente, hay una responsabilidad en torno a imaginar políticas públicas que sean adecuadas a los tiempos que llegan.

Una de ellas es la que refiere a las regulaciones en torno a los medios. Tema que fue complejo, conflictivo y que, mediante un excelente ejercicio de democracia directa donde miles de personas e instituciones opinaron, dio como resultado en 2009 una legislación que abarcaba el tema. La primera desde 1954 en tener validez legislativa. Hablamos de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Ahora bien, esta norma mas allá de sus credenciales de participación y construcción democrática debe ser revisada y actualizada en función de remozadas formas tecnológicas, rediseño en bandas de frecuencias, relación con satélites extranjeros que alumbran la región y sobre oferta espectro, nuevos derechos a proteger, variables en la relación global entre las naciones y los medios de cada país (frecuencias comunes y colindantes, custodia de fronteras, reciprocidad de inversiones), nuevos actores del sector, relación con el mundo satelital y otras variables surgidas en los vertiginosos últimos diez años. Sobre todo y con vital importancia reconocer como objeto de regulación a las redes, microblogging y los diversos pasos que construyen Internet básicamente en sus grandes plataformas. E imaginar, con innovación y creatividad, el equilibrio entre la gobernanza global y los intereses nacionales.

Por eso, tal vez lo más importante en camino de obtener una ley moderna, amplia, contenedora de intereses, convergente y garante de democracia sea definir los ejes centrales que deben regir una norma de tamaña importancia.

No hay una sola forma de interpretar las tecnologías de la información y comunicación. Es un tema que merece un profundo debate en nuestra sociedad y es bueno que aportemos diferentes miradas.

No está de más ratificar que la comunicación es un derecho humano universal que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Y eso debe considerarse cualquiera sea la tecnología empleada para la difusión y recepción de contenidos. Este es un mandato internacional y nuestras decisiones y regulaciones en todos los niveles deben estar ajustadas a esta preeminencia en la pirámide jurídica.

No cabe duda que se debe restablecer el ordenamiento jurídico que surge del imperio de la Constitución y los Tratados Internacionales.

Reconocer que la libertad de expresión hace a la esencia de una sociedad democrática ya que es clave para la formación de la opinión pública y necesaria para que toda comunidad al momento de ejercer sus derechos y opciones se encuentre bien informada. La radiodifusión no es solo un espacio de mercado, pero el mercado existe y como tal deben ser incorporadas, al debate, su mirada y sus demandas. No se debe anclar una posición en ideologismos paralizantes. El sistema de medios argentino reconoce distintas variantes (público estatal, público de gerenciamiento privado, sin fines de lucro y de gestión autónoma) pero sería necio no reconocer en el sector comercial un dato ineluctable al momento de apreciar el valor de todo el modelo de medios de comunicación audiovisual.

La administración gubernamental actual ha procedido en forma agresiva en cuanto al equilibrio normativo colocando por encima de la legislación parlamentaria decretos ejecutivos como los DNU 13/2015, 236/2015 y 267/2015 los cuales deben ser revisados y puestos en valor. O sea, derogarlos.

Hacer cohabitar la ley con los avances en la tecnología TICs es imprescindible. La Ley 26.522 pletórica de derechos y de excelentes intenciones es una ley analógica que ya no puede reglar el mundo digital.

El desafío pasa por cimentar lo nuevo utilizando lo bueno ocurrido y descartando aquello mal realizado o pensado para otros tiempos y otras situaciones.