La Comisión de Legislación General ni siquiera tuvo un tercio de sus integrantes para poder sesionar en minoría: solo hubo 10 presentes. Ningún miembro del Pro acompañó a Daniel Lipovetzky, que se encontró impulsando el debate en soledad.
Por Carolina Ramos
En la recta final de la campaña electoral, el debate sobre alquileres volvió a fracasar en la Cámara de Diputados y quedó envuelto en una interna dentro del oficialismo. La reunión de la Comisión de Legislación General donde iban a tratarse los proyectos presentados contó con apenas diez diputados presentes y ofreció una imagen definitiva: el único participante del Pro fue Daniel Lipovetzky, presidente del cuerpo.
La Sala 1 del Anexo de la Cámara baja se pobló de inquilinos y corredores inmobiliarios, deseosos de hablar ante los diputados. Sin embargo, media hora después del horario de convocatoria, Lipovetzky informó que debía levantar la reunión, ya que no solo no lograron quórum: ni siquiera se llegó al tercio necesario para sesionar en minoría. El fracaso del debate incluso dio lugar a escenas de crispación en los pasillos, donde algunos invitados increparon a los diputados.
La UCR y el Frente para la Victoria-PJ fueron los únicos dos sectores que aportaron presencia. Por el radicalismo asistieron cuatro diputados, de un total de seis: Brenda Austin, Mario Arce, Carla Carrizo y Luis Petri; mientras que por el kirchnerismo concurrieron Guillermo Carmona, Vanesa Siley, Felipe Solá, Adrián Grana y Martín Doñate. También se acercó a dar su respaldo testimonial Agustín Rossi, jefe de la bancada, quien no integra la comisión.
“Esta ley tenía dictamen de varias comisiones el año pasado y el presidente la sacó del listado de extraordinarias, contra nuestra voluntad. La ley entonces cayó y, con buen criterio, se estableció que una sola comisión fuera la que la tratara este año”, repasó Solá, presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, y tras lamentar el fracaso del debate, aseguró: “Nosotros queremos defender a los inquilinos, pero también defender a los pequeños propietarios”.
Lo cierto es que la falta de quórum fue el desenlace de una serie de desencuentros dentro del propio oficialismo. Un mes atrás, Lipovetzky recogió aportes y presentó su propio proyecto, con un supuesto aval del Gobierno. Sin embargo, a fines de septiembre se conoció que el Poder Ejecutivo tenía planificado enviar otra iniciativa, en el marco de las propuestas de campaña del presidente Mauricio Macri. Pero el texto no fue enviado hasta ahora al Congreso. “Hay que reconocer que le falta un golpe de horno”, confesó a parlamentario.com una fuente que trabaja en el tema.
De esa forma, Lipovetzky -que en diciembre termina su mandato y fue marginado de la lista del oficialismo- se mostró impulsando el tema en soledad. Tiene además poco margen para avanzar, ya que la semana próxima es la última de la campaña -las elecciones son el domingo 27- y la falta de consensos hace prever que el debate quedará para la próxima conformación parlamentaria.
“Esta ley es compleja, se regula la relación entre mucha gente y muchos se sienten afectados, por un lado u otro”, reconoció Solá ante la prensa, y aprovechó para meterse en la interna de Cambiemos: “Esta ley no la impulsa Macri, la impulsa el diputado Lipovetzky que deja de ser diputado y que ha tomado consciencia de la importancia de esta ley”.
Hay que recordar que en noviembre de 2016 el Senado aprobó un proyecto por unanimidad, que en la Cámara de Diputados se encontró con trabas. Recién en octubre de 2018 se logró dictamen favorable, pero la discusión nunca llegó al recinto, ya que el presidente excluyó el tema del listado elaborado para las sesiones extraordinarias. Así fue como, tras cumplirse dos años, cayó la media sanción, lo que obligó a recomenzar el tratamiento.
Según ese texto, los contratos de alquiler se actualizarían semestralmente, tomando como valor un promedio entre la inflación (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) medidos por el Indec. Para las locaciones destinadas a vivienda, el plazo de duración del alquiler se extendía de dos a tres años, y además no podía pedírsele al inquilino el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes, ni depósitos de garantía mayores al importe equivalente a un mes.
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