En una jornada con gran concurrencia de jóvenes en el Anexo C de la Cámara de Diputados, especialistas de la organización civil DONCEL y de UNICEF advirtieron sobre las trabas para ejecutar la Ley 27.364, que creó el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE), y dieron detalles de la crítica situación que atraviesa esta población.

El evento fue convocado en conjunto con la Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y contó con la participación de los diputados Carla Carrizo -autora de la ley-, Brenda Austin y Lucas Incicco.

En la apertura, Carrizo recordó que los jóvenes que se encuentran en lugares de cuidado –la mayoría de ellos en institutos, hogares o residencias juveniles- “no eran sujetos de derecho, el Estado no los nombraba”, hasta que se sancionó la ley en 2017, que significó “el ejercicio de la autonomía progresiva” de los beneficiarios.

A su turno, Hernán Monath pidió “que el próximo gobierno, desde el inicio, pueda darle centraloidad al sistema de fortalecimiento y protección integral de derechos”, y reclamó inversión del Estado para “lograr que el derecho a la vida en familia sea el eje que estructure las acciones que se lleven adelante”.

Mariana Incarnato, de DONCEL, presentó los resultados del Observatorio de la Ley de Egreso, que traza un panorama sobre la situación actual de esta población que vive en extrema vulnerabilidad.

Una ley pionera

Antes de la sanción de la Ley 27.364, los jóvenes separados de su entorno familiar permanecían en una situación de desigualdad respecto de quienes crecían con sus familias, ya que a los 18 años debían egresar de los hogares de cuidado en los que residían sin ningún tipo de acompañamiento ni sostén.

Con el objetivo de subsanar esta situación, con la ley se creó el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE), orientado a brindar un acompañamiento desde el Estado a los adolescentes sin cuidados parentales entre los 13 y los 21 años.

Según el texto, este acompañamiento se debe hacer efectivo mediante un “referente” que acompañe emocionalmente al joven, y a partir del momento del egreso de la institución, se debe otorgar una asignación económica “a fin de garantizar su plena inclusión social y su máximo desarrollo personal y social”.

El mapa actual

Según la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), a nivel nacional hay 9.748 niños, jóvenes y adolescentes separados de su medio familiar, en dispositivos de cuidado alternativo, y casi la mitad de ese total reside en Buenos Aires y en CABA.

Las principales causas de este fenómeno son la violencia y el maltrato, el abandono y el abuso sexual, y la gran mayoría de los jóvenes provienen de familias “con graves carencias socio-económicas”. “La pobreza golpea a prácticamente todas las familias de origen”, alertó Incarnato.

Un dato alarmante del informe presentado es que el tiempo de permanencia de los jóvenes en las instituciones supera el plazo máximo de 180 días establecido para las medias excepcionales: a pesar de que a los 18 años los jóvenes deben egresar del hogar, la mayoría tiene dificultades para afrontar la vida fuera de la institución.

Asimismo, el 86% de los jóvenes se encuentra en un dispositivo residencial, mientras que el 14% se encuentra bajo cuidado familiar, que es lo que recomiendan organismos a nivel nacional e internacional.

Dificultades para aplicar la ley

DONCEL advirtió en su informa que desde la sanción de la ley, de 5.005 adolescentes en condiciones de ingresar al programa, a septiembre de 2019 solo accedieron 103.

Además, se detectó una significativa subejecución presupuestaria: se ejecutó apenas el 2% del presupuesto de la SENNAF para el PAE, que preveía el ingreso de 500 jóvenes para este año.

Otro aspecto preocupante es que la reglamentación de la ley, según DONCEL, “es restrictiva y limita derechos”, ya que, por ejemplo, solo se contempla el egreso por mayoría de edad, excluyendo a quienes egresan por revinculación familiar.

También en la reglamentación se estipuló que la percepción de la asignación económica está sujeta al cumplimiento de los objetivos y metas del acompañamiento personal, pero para la organización civil que trabajó el tema, éste no debe ser un requisito, sino el resultado del trabajo entre el “referente” y el joven.

Por otra parte, dado que la implementación del PAE es facultad de las provincias, el mapa a nivel nacional es desigual: algunas provincias no firmaron el convenio de adhesión con la SENNAF que establece la ley, y otras avanzan de manera gradual incluyendo algunos jóvenes o conformando los equipos de “referentes”.

Propuestas de los jóvenes

Durante la jornada en el Anexo C de Diputados, jóvenes que viven o vivieron separados de su medio familiar, provenientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Tucumán y Chaco, formularon seis propuestas para “incluir esta agenda en la próxima gestión”.

“Después de los 18 años, uno se la tiene que empezar a rebuscar, porque la vida sigue. Por suerte yo tuve referentes con los que pude contar”, relató Jazmín Pérez, de 19 años, y destacó que “la Ley de Egreso es muy importante y valiosa” para atender esta situación.

Sin embargo, advirtió que la norma es insuficiente. “Nuestra realidad no es como lo que se ve en ‘Chiquititas’”, comparó, en alusión a la telenovela argentina de mediados de los ’90 que transcurre en un hogar de huérfanos.

Las propuestas presentadas tienen que ver con generar programas de fortalecimiento familiar; garantizar cuidados con estándares de calidad; capacitar y mejorar las condiciones laborales del personal de cuidado; lograr una participación real de los jóvenes; concretar la puesta en marcha del PAE en todo el país; y facilitar el acceso a vivienda después del egreso.

FOTOS: Cristian Cruz @christiancruzph