Después de muchos análisis sobre las últimas elecciones presidenciales, una de sus principales características no fue reconocida y es la relación entre la coparticipación federal de impuestos y la decisión del votante. En 1931 la Nación se transformó en órgano recaudador de los impuestos directos a las ganancias, entonces llamados réditos de las personas y empresas. Hasta ese momento y en el sistema de la Constitución eran impuestos provinciales y su justificación era restituir parcialmente a las provincias el resultado de la recaudación según la contribución de cada una. Pero este sistema sufrió una grave distorsión a través de los años y existen provincias contribuyentes a este fondo común y provincias que perciben más, y en casos mucho más de su contribución. De esta manera la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y en menor medida Entre Ríos hacen una contribución mayor a la que perciben. Aún más en el territorio de algunas provincias también hay sectores que hacen una gran contribución: particularmente el interior de la provincia de Buenos Aires y sus grandes ciudades, y el sur de Santa Fe, cuando el resto del territorio no tiene una gran participación en la contribución tributaria de esa provincia.

Si analizamos los resultados electorales sobre esta base observamos una fractura política en la sociedad asociada a la inequidad tributaria de la coparticipación. De esta manera la candidatura del presidente Macri ganó en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos, asimismo en el interior productivo de la provincia de Buenos Aires incluyendo las grandes ciudades como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Al mismo tiempo triunfó en una provincia con una economía activa como San Luis. Sin embargo, fue derrotada en el gran Buenos Aires, el sector menos dinámico de la provincia y en las provincias beneficiarias del sistema de coparticipación. Es decir, esta elección ha marcado una distinción entre los sectores económicos más dinámicos del país frente a sectores que son tradicionalmente subsidiados por el sistema tributario.

Hagamos un breve análisis de lo que significa el sistema de coparticipación y su influencia en el sistema político en provincias donde se percibe más del fondo coparticipable de lo que se aporta. En primer lugar, los fondos percibidos por los gobiernos provinciales no tienen relación con lo aportado y no existe un incentivo a asegurar la recaudación de impuestos. Tampoco para la creación de riqueza sobre la cual se tributarán en ejercicios futuros, sea bueno o malo el gobierno recibirá la misma distribución de fondos de la coparticipación. Al mismo tiempo se crea un desincentivo a percibir impuestos locales, para qué ser antipático con los votantes cobrándoles impuestos innecesarios. Esto quiebra la básica relación entre impuesto que se paga y control social sobre la actividad gubernamental utilizando los fondos públicos. Porque quien no paga de alguna manera no controla. No hay un incentivo del gobierno local a favorecer la creación de riqueza, porque no importa si el gobierno es bueno o malo, si la economía local creció o se estanca; siempre percibirá una parte igual de los fondos tributarios generales provistos por otras provincias.

Esta situación produce una fuerte explosión entre gobernantes y gobernados entre los dos tipos de provincias: en unos el gobernante trata de buscar un equilibrio entre la actividad económica y la recaudación tributaria para hacer frente al gasto público, en las otras los recursos tributarios son independientes de la voluntad del gobernante y por lo tanto la actividad económica está separada de la influencia gubernamental y la recaudación tributaria. La provincia recibirá muchos más fondos de los que aporta al erario común y por lo tanto sus gobernantes utilizarán fondos independientes de sus esfuerzos y de su éxito en la función pública.

Pero existe además otro inconveniente considerable y distorsivo causado por el régimen actual de coparticipación, y es que estos fondos producto de la coparticipación son entregados al gobernante quien puede gastarlos sin ningún control legal o político. Sin control legal porque no existe una ley eficaz de vigilancia de las finanzas públicas, y sin control político porque finalmente el gobernante gasta fondos en los que los contribuyentes de su provincia han tenido una participación mínima. Así como no hay tributación sin representación, podemos también decir que no hay control ciudadano eficaz sobre fondos en cuyo origen no se ha contribuido. Este sistema de coparticipación federal de impuestos tiende a la transformación de los gobiernos provinciales en oligarquías locales.

Esta situación se agrava cuando se pierde la perspectiva de que los fondos recaudados por los impuestos pertenecen a los ciudadanos, a los habitantes a quienes muchas veces se los trata en forma despectiva bajo el nombre de contribuyentes. De esta manera hemos visto recientemente que cuando el Gobierno nacional ha querido disminuir el monto del impuesto al valor agregado en productos de consumo popular, gobiernos provinciales han recurrido a la Corte Suprema para ir en contra de esta medida. Se olvidan que los impuestos son una contribución de los ciudadanos y toda reducción de impuestos va en beneficio del verdadero soberano, es decir, del ciudadano y no en beneficio de sus representantes. No son los gobiernos provinciales los propietarios de los recursos tributarios, son los ciudadanos de esas provincias y toda reducción de un impuesto debe ir directamente a sus beneficiarios.

La reforma del '94 intento cambiar este sistema, estableciendo que debía dictarse una ley de coparticipación federal. Se la imaginaba probablemente como dando mayores beneficios a las provincias de menor recaudación con lo cual agravaba el problema. Pero estableció una fecha en la cual debía dictarse la nueva ley, ese plazo no se cumplió. Y la pregunta que surge es ¿rige verdaderamente la ley de coparticipación federal de impuestos? O por el contrario fue derogada por decisión de la Convención Constituyente y no puede ser aplicable hasta que se dicte una nueva norma. Es una reflexión que los argentinos debemos hacernos, el resultado de esta elección indica hasta qué punto la sociedad argentina está fuertemente dividida en este punto.