Por Cecilia Moreau. La diputada del FR reivindica la propuesta de Alberto Fernández de crear un Consejo Económico y Social, como respuesta a la herencia que deja la actual gestión.
El 10 de diciembre acaban cuatro años de un profundo y desolador retroceso para la Argentina. El gobierno del PRO/Cambiemos implementó una política de apertura económica y valorización financiera que deja una pesada herencia para el gobierno de Todos que comienza el 10 de diciembre: Tres años de caída de PBI; 17.000 pymes menos de las que había en 2015; veinte meses de caída consecutiva de la producción industrial; 16 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza, que supera el 50% entre las niñas y niños menores de 14 años; más de dos millones de desocupados, una cifra superior aún de subocupados; aumento de la informalidad y una inflación descontrolada en un contexto de caída del consumo. La herencia que deja la política económica de apertura y valorización financiera del presidente Macri demanda de una política económica que ponga el eje en la defensa de la producción nacional y la creación de empleo. Para eso, se necesita un Estado fuerte que planifique el desarrollo. Nuestro presidente electo, Alberto Fernández, es consciente como nadie de esta necesidad e hizo un anuncio que debemos celebrar: la necesidad de conformar un Consejo de Desarrollo Económico y Social.
Cuando fui diputada de la provincia de Buenos Aires presenté un proyecto creando un Consejo de Desarrollo, que infelizmente no fue aprobado. Las virtudes de los consejos de desarrollo son múltiples: planificar el desarrollo, generar políticas públicas de modo democrático y participativo, coordinar las expectativas de empresarios y trabajadores, anticipar escenarios críticos de los diferentes sectores de la economía. Elementos que forman parte de lo que la literatura sobre Estados desarrollistas llaman “gobernar el mercado”. Eso que desprecian les neoliberales, pero que es imprescindible para recuperar un proyecto productivo. Todo proyecto desarrollista implica la acción colectiva de una variedad de actores con intereses contrapuestos y capacidad de presión diferentes. El Estado es, necesariamente, árbitro en esa puja de intereses.
Argentina tiene una larga historia en materia de planificación del desarrollo. En 1946, durante el primer gobierno del presidente Perón, se proyectó el Primer Plan Quinquenal, para el período 1947-1951. El Segundo Plan Quinquenal, interrumpido por el golpe de Estado cívico-militar de 1955, abarcaba el período 1953-1957. A lo largo de la historia hubo diferentes intentos para planificar el desarrollo: CONADE, durante el gobierno de Arturo Frondizi; Sistema de planeamiento y acción para el desarrollo en 1966; Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad en 1971; el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional, en el período 1974-76. Durante el gobierno del Dr. Alfonsín, se llevó a cabo el Informe Okita, con la colaboración del Gobierno del Japón se realizaron informes sobre diferentes áreas (como el transporte, los sectores económicos y el comercio exterior) y recomendaciones basadas en la experiencia japonesa para aumentar la competitividad de la industria con el rol del estado como orientador y regulador.
La situación es angustiante. El gobierno del PRO/Cambiemos deja, como ha dicho nuestro gobernador electo Axel Kicillof, tierra arrasada. Poner en marcha una política económica y social de ruptura con el neoliberalismo que devuelva la dignidad a les millones de argentines que quedaron fuera del proyecto macrista demanda hacer aquello que los neoliberales consideran aberrante: recuperar el Estado, dotarlo de capacidades y devolverle su rol de gobernar el mercado. El Consejo Económico y Social tendrá, sin lugar a dudas, un lugar preponderante en esa tarea.
*Diputada nacional del Frente Renovador
