La bicameral encargada del monitoreo e implementación del nuevo Código Procesal Penal, presidida por el senador salteño Rodolfo Urtubey, avanzó con la fijación de límites para las prisiones preventivas.

Se trata de una resolución que dispone la aplicación de 11 artículos del nuevo Código -que está siendo implementado de forma progresiva en el país-, algunos de ellos vinculados a las detenciones de los imputados sin condena firme.

En lo que respecta al peligro de fuga, los jueces deberán tener en cuenta varios factores, como el arraigo; las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; las circunstancias y naturaleza del hecho; la pena que se espera como resultado del procedimiento; el comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, entre otros.

También se legisla sobre los indicios que los magistrados deberán tener en cuenta para decidir acerca del entorpecimiento de la investigación o no; y se establece que la prisión preventiva cesará si el imputado hubiere cumplido -en este estado- la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Además, podrá salir en libertad si “hubiere agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por la sentencia no firme” o “si hubiere permanecido en prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena, le habría permitido solicitar la libertad condicional o la libertad asistida”.

“No podrá imponerse nuevamente la prisión preventiva en el mismo proceso si una anterior hubiese cesado por cualquiera de las razones enunciadas precedentemente; ello sin perjuicio de las facultades para hacer comparecer al imputado a los actos necesarios del proceso o de la aplicación de otras medidas de coerción”, se indica.

La implementación de los artículos regirá a partir de los tres días hábiles de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.

Por otra parte, la resolución dispone también que se implementen otros aspectos del nuevo código, como la conciliación penal y el principio de oportunidad.