El proyecto extiende la duración de los contratos a tres años, establece un nuevo mecanismo de actualización de los montos y ofrece un menú de garantías. Diputados de todos los bloques destacaron el consenso alcanzado en pos de equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos.
Tras un largo derrotero, el Congreso dio este miércoles el primer gran paso para sancionar una nueva ley de alquileres. La Cámara de Diputados aprobó -con 191 votos afirmativos, ninguno negativo y 24 abstenciones- el proyecto consensuado entre los distintos bloques, que además fue acordado con representantes de todos los actores involucrados.
La iniciativa apunta a brindarle mayor estabilidad a los inquilinos -se estima que hay más de 8 millones en todo el país- y a equilibrar la relación con los propietarios. Durante el debate, diputados de todas las bancadas coincidieron en este objetivo, aunque hubo objeciones en torno a algunos artículos, sobre todo por parte de Cambiemos, que aportó el mayor caudal de abstenciones.
Cabe recordar que un proyecto similar había sido aprobado en el Senado por unanimidad en 2016, pero el año pasado perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados debido a que no se trató en el recinto. Por eso este año volvió a iniciarse la discusión, esta vez en la Cámara baja, por lo que ahora el Senado tendrá la última palabra.
Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, reconoció que “es una ley que genera posiciones muy contrapuestas entre los sectores involucrados”, pero destacó que el proyecto “viene a equilibrar las relaciones entre ambas partes y a corregir abusos que se producen”.
La iniciativa extiende la duración del plazo del alquiler de dos a tres años, con el fin de darle mayor estabilidad al inquilino. Además, establece un mecanismo de actualización anual de los montos, un punto que abrió una discusión en el recinto, ya que varios diputados plantearon -sin éxito- que el reajuste sea semestral o cuatrimestral.
También se discutió con intensidad cuál será el mecanismo de actualización de esos montos, que finalmente se aplicará según una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE). La inscripción de los contratos será a través de la AFIP, que deberá llevar un registro.
Otro aspecto destacado de la media sanción es que despliega un menú de garantías para ofrecer al propietario, que por lo general suele exigir la acreditación de otro inmueble. Así, el inquilino podrá elegir si entregar una garantía propietaria, un seguro de caución, un aval bancario, un recibo de sueldo o certificación de ingresos, y el propietario deberá aceptar alguna de esas opciones.
Por otra parte, el proyecto indica que las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario también dejarán de estar a cargo del locatario.
El diputado Adrián Grana (Frente para la Victoria-PJ) advirtió que a causa del sistema actual de alquileres “hay familias que se convierten en familias nómades, porque no pueden terminar de asentarse en un barrio o inclusive en una provincia”. “Cuando hablamos de previsibilidad, no hablamos de una cuestión menor. Estamos hablando de una cuestión central. Previsibilidad para arraigarse, afianzarse, poder construir identidad”, sostuvo.
El kirchnerista agradeció “la tenacidad de las organizaciones de inquilinos que no han cesado de pedirnos los consensos necesarios” para avanzar con la norma, y señaló que este ha sido un “debate federal” porque “esta no es una realidad de las grandes ciudades, sino del conjunto de nuestro territorio”.
Desde la UCR, Brenda Austin coincidió en que “esta ley busca evitar los abusos” y destacó como el punto “más importante” el establecimiento del ajuste anual en base a un índice que combina inflación y salarios.
La cordobesa recordó que, en la práctica, en una relación contractual hay “una de las partes que está en mejores condiciones” y “se opera casi como si fuera un contrato de adhesión”. Pero, según señaló, esta iniciativa viene a “equilibrar la relación entre las partes” porque “reconoce que hay tres actores centrales: los propietarios, los inquilinos y los corredores inmobiliarios”.
Por su parte, Marco Lavagna (Consenso Federal) estimó que “alrededor de 11 millones de personas no tienen casa propia”, por lo que “esta ley es de gran impacto social”. Además, consideró que “es bueno tener una previsibilidad respecto de cómo se van a ajustar los alquileres” porque en algunos casos aumentan por debajo de la inflación y en otros, por encima.
En tanto, Martín Lousteau, líder del bloque Evolución, se refirió a la problemática del acceso a la vivienda y detalló que “menos del 5% de los asalariados formales tiene ingresos suficientes para acceder a un crédito para comprar un (departamento) dos ambientes”.
“En este caso estamos dándole prioridad al derecho más importante y a la vez el más débil: el derecho a moderar lo máximo posible la incertidumbre acerca del lugar donde se vive y donde se establece un proyecto de vida, versus la incertidumbre con respecto a los flujos de fondos futuros de los propietarios”, sostuvo el porteño.
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