La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este miércoles un proyecto que prohíbe el uso, portación, tenencia y transporte de armas de fuego a personas denunciadas, procesadas o condenadas por hechos de violencia contra las mujeres o violencia intrafamiliar.

La iniciativa, impulsada por Cristina Álvarez Rodríguez y Vanesa Siley (Frente para la Victoria-PJ), involucra a aquellas personas que “registren en su contra procesos en curso o medidas preventivas vigentes como consecuencia de denuncias vinculadas a violencia contra las mujeres y violencia familiar”.

Además, busca “generar herramientas institucionales destinadas a una efectiva articulación de información y medidas preventivas cuando las personas denunciadas por violencia contra las mujeres o violencia familiar tuvieren acceso a armas de fuego”.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Poder Judicial tendrán un plazo máximo de 90 días desde la sanción de la ley para informar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) sobre las medidas cautelares que fueran consecuencia de denuncias por violencia contra las mujeres o violencia familiar.

A su vez, la ANMAC tendrá un plazo máximo de 30 días desde la recepción de esta información para constatar los datos recibidos en cada uno de los casos y articular las medidas necesarias para cumplir con la norma.