Desde el Gobierno afirman que el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, “se cortó solo” y la medida fue revocada. Diputados radicales salieron a respaldar al funcionario a través de un comunicado.
Mientras la Cámara baja realizaba una extensa reunión en la que se debatían cuestiones de sumo interés, extramuros se generaba una sorpresiva disputa ante la aparición del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)”, impulsado por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que generaba reacciones dentro y fuera de la coalición gobernante.
Y sobre todo dentro.
Porque figuras del Pro y del radicalismo expresaban su abierta discrepancia en torno a un tema que sorprendió a todos. El protocolo había aparecido en el Boletín Oficial, y desde el macrismo más marcado, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, planteaba que se trataba de algo “lamentable y claramente inconstitucional”. A su juicio, el tema “ampliaba de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitaba la objeción de conciencia médica”.
Sin rodeos, el senador sostuvo que “el secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional”.
Por eso, el dirigente macrista cerró su participación en Twitter agradeciéndole al presidente por haber ordenado “anular el nuevo protocolo para la ILE”.
Desde la otra vereda, el presidente del interbloque oficialista del Senado, Luis Naidenoff, consideraba que la resolución firmada por el secretario Rubinstein, de origen radical, “garantiza derechos consagrados en nuestro régimen legal desde el Código Penal de 1921, tal como estableció el fallo FAL. Es un avance para la salud de las niñas, adolescentes y mujeres de todo el país. Mi respaldo a su gestión y a su tarea”.
También desde el radicalismo el senador nacional electo Martín Lousteau salía a cruzar la decisión presidencial de anular el protocolo. “Es una verdadera pena que el Presidente decida en sus últimos días en el poder hacer un retroceso tan grande”. Para Lousteau, el funcionario “lo único que hizo fue cumplir con el Código Penal y el fallo 'FAL' de la Corte Suprema”.
Por su parte, un grupo de diputados del radicalismo expresaron por la noche su “profunda preocupación acerca de lo sucedido respecto de la Resolución 3158/19 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, referida al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”.
“Dicho protocolo busca garantizar la interrupción del embarazo en los casos previstos por el Código Penal de la Nación, que impliquen riesgo en la vida o salud de la mujer o en casos de violación. Horas después de la publicación de dicha resolución surgieron cuestionamientos que dan cuenta de la intención de revocar la resolución mencionada”, señalan los diputados de la UCR que manifestaron su “solidaridad y acompañamiento” al secretario de Salud, al entender que “no ha hecho más que garantizar la aplicación de un derecho consagrado por la legislación vigente desde el año 2007, con actualizaciones en los años 2010 y 2015, y bajo criterios interpretativos constitucionales reconocidos por la Corte Superma de Justicia en el fallo FAL”.
El comunicado concluyó reafirmando su compromiso para “garantizar la plena aplicación del Protocolo vigente”, y solicitándole al presidente de la Nación sostener la resolución al entender que “estas acciones deben enmarcarse en una política pública con perspectiva federal de aplicación articulada en todo el territorio nacional”.
La nota fue firmada Daniel Kroneberger, Brenda Austin, Roxana Reyes, Alejandra Martínez, Fabio Quetglas, Josefina Mendoza, Facundo Suárez Lastra, Carlos Fernández, Luis Borsani, José Luis Riccardo, Federico Zamarbide, Gustavo Hein, Alejandro Echegaray, Lorena Matzen, Albor Cantard, Miguel Bazze, Soledad García, Jorge Lacoste, Miguel Nanni, Claudia Najul, Marcelo Monfort y Luis Pastori.
