En el mismo día en que el Gobierno nacional derogó la resolución firmada por Adolfo Rubinstein para actualizar el protocolo sobre aborto no punible, un grupo de diputados radicales presentó un proyecto para que esta herramienta sea ley.

La iniciativa, encabezada por el puntano José Luis Riccardo (UCR), propone que la actualización del protocolo sobre Interrupción Legal del Embarazo sea de aplicación como norma de “orden público” en “todo el territorio de la Nación”.

Tras la polémica generada -sobre todo al interior de Cambiemos- por la medida que adoptó el secretario de Salud, quien presentará su renuncia este viernes, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto anulando la resolución 3158/19.

En los fundamentos del proyecto de ley, Riccardo recordó que el artículo 86 de Código Penal establece las causales por las cuales un aborto es no punible (riesgo de vida o salud de la mujer; embarazo producto de una violación) y subrayó que este punto nunca fue modificado a lo largo de casi 100 años.

Dicho artículo “tuvo el objeto de proteger a las mujeres frente las consecuencias indeseables de una situación que es una de las pocas cosas que las diferencia de los hombres: el embarazo, y, en este caso, el que tiene ciertas características negativas para la salud física o mental”, señaló el legislador.

Además, consideró que “el Estado, dentro de su obligación de velar por la salud de la población, debe poner a disposición la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevar a cabo la interrupción de manera rápida, accesible y segura”.

“El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), actualmente aplicable, es una herramienta que desde 2007 le da jerarquía normativa al derecho mencionado”, resaltó.

Para el radical, la actualización del protocolo “debe ponerse en vigencia” y destacó que surgió de “un trabajo del equipo de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y avanza significativamente en materia de derechos humanos, ya que resguarda el consentimiento autónomo, tanto de niñas y adolescentes como de personas con discapacidad”.

También dijo que esta actualización del protocolo “responde a la necesidad de actualizar la normativa, adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015 y la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación. Se tomaron en cuenta para ello las disposiciones de la Justicia, en casos como el ya conocido “F.A.L.” 2 y otros”.

“Creemos firmemente que este protocolo debe ser aprobado y consagrado como Ley Nacional, de forma de darle jerarquía normativa a un instrumento que recoge una política pública, que debe trascender a un gobierno”, agregó.

La iniciativa fue acompañada con las firmas de sus pares de la UCR Albor Cantard, Claudia Najul y Lorena Matzen; y la macrista Samanta Acerenza. Surgida la polémica por la resolución, también fue desde el radicalismo que habían salido a manifestar su apoyo a Rubinstein.