Por María Jose Lubertino. La fundadora del Instituto Social y Político de la Mujer lleva a cabo un análisis sobre todo lo que queda aún tratar en temas de igualdad.
La presencia de Alberto Fernández en la presentación del libro verde “Somos Belén” de Ana Correa, sus palabras de adhesión ante la vergüenza que generan este y otros muchos casos de mujeres injustamente criminalizadas y su compromiso de más libertades para todes y más derechos para las mujeres en el futuro gobierno asumen el rol de una disculpa de Estado frente a la ausencia de quienes debieron darla.
A estas alturas, después de 34 Encuentros Nacionales de Mujeres, a 25 años de la Reforma Constitucional que incorporó con ese rango la Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, introdujo la igualdad real de oportunidades y la necesidad de acciones afirmativas para lograrla, teniendo récord de tratados de derechos humanos firmados y leyes en la materia sancionadas, la brecha entre mujeres y varones en nuestro país es irritante.
En el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente los n°5 (Igualdad de Género) y n°16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), sus distintas metas e indicadores marcan un camino a seguir al Estado para alcanzarlos, pero en casi todos ellos hay mucho para decir y hacer desde la perspectiva de género, especialmente para acabar con la pobreza y el hambre, lograr salud, bienestar y educación de calidad, trabajo digno y equilibrio con la Naturaleza.
Lo que “el feminista menos pensado” nos dejó
Se redactó un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2018-2020) pero su formulación no fue participativa y ello conspiró con su legitimidad y la voluntad de acompañarlo en todos los órdenes estatales y de la sociedad civil. No se han definido indicadores para informar el trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres, salvo para violencia.
Si bien se enunció el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019) como la principal política de ese organismo, los resultados en la materia no son auspiciosos y los presupuestos insuficientes.
El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia no se tradujo en eficacia real en materia de educación sexual en las escuelas.
No se sancionó la ley de aborto legal seguro y gratuito. Si bien el pañuelo celeste no es patrimonio del hasta ahora oficialismo, como se sabe en un país hiperpresidencialista, la decisión política del Ejecutivo es la que mueve el juego y eso no ocurrió.
En las elecciones 2019 se estrenó la Paridad en las listas de diputados/as y senadores/as nacionales, pero en estas elecciones no cambió demasiado el porcentaje de participación de mujeres en el Congreso.
Cuando trabajamos en el mercado remunerado, las mujeres ganamos un 28% menos que nuestros pares varones y cuatro de cada diez tienen un empleo precario.
La brecha histórica entre mujeres y varones se vio agudizada por la alarmante crisis económica en las cifras de pobreza, desocupación y precarización laboral. El 40% de la población de menores ingresos está conformado mayoritariamente por mujeres (62,5%). En el 40% de mayores ingresos, son mayoría varones. La caída en los ingresos reales afecta a más mujeres que varones (CEPA, 2015-2019). La tasa de no registración para las mujeres es 38%, mientras la masculina es del 32% (2019). Donde más del 50% de la fuerza de trabajo es femenina ninguna categoría cubre la canasta básica total (Ministerio de Trabajo de la Nación).
Nuevo ministerio para cerrar la brecha entre varones y mujeres
La creación de este Ministerio es en sí una acción afirmativa que debe contribuir a la transversalización de la perspectiva de género, como ya ocurre en la mayoría de los países del mundo. Un gabinete paritario con ministras y ministros y segundas líneas con compromiso feminista contribuiría a ello de manera decisiva.
Debemos incluir una mirada interseccional que permita incorporar los retos específicos de las mujeres con discapacidad, lesbianas, gays, bisexuales, trans, refugiadas, indígenas, entre otras diversidades. Es preciso considerar los roles sociales de género que involucran los mandatos tanto de mujeres como de varones que refuerzan las distintas formas de discriminación.
Además de presupuesto suficiente y personal capacitado para ejercer funciones no sólo de la administración pública, sino de perspectiva e igualdad de género. En el nuevo gobierno son imprescindibles mecanismos participativos de diseño de políticas públicas, planificación, seguimiento y evaluación, con metas, indicadores de proceso, resultados e impacto, y en este caso de los Planes de Igualdad. Así como también prácticas de transparencia y rendición de cuentas a las organizaciones de mujeres y a la sociedad en su conjunto.
Mejores vidas para todes
Solo el 21% de les niñes de entre 0 y 3 años accede a algún tipo de servicio de cuidado, menos aún a los que brinda el sistema educativo formal, de 3 a 5 años aún hay 26,9% que no acceden a la educación inicial. El 10% de la población tiene alguna discapacidad, aun cuando no todos/as tienen certificado. La batalla por la educación inclusiva y los apoyos que estas personas necesitan, muchas veces incumplidos por el propio Estado o las obras sociales y prepagas, genera en sus cuidadores triples y cuádruples jornadas de trabajo.
La desigual distribución de las tareas de cuidado (las mujeres ocupamos en promedio 4 hs. más que los varones en tareas relacionadas al trabajo doméstico y cuidados de personas) dificultan la inserción laboral femenina. A esto se le agregan los “techos de cristal”, o sea, las trabas invisibles para ascender en las escalas salariales. Además, existe una penalización salarial en el mercado laboral para las profesiones más feminizadas y con un componente importante de cuidado de personas (docencia, salud y trabajo doméstico).
Hay que ampliar y fortalecer la oferta de servicios de calidad. Esto implica la profesionalización de cuidadoras y educadoras a cargo de los servicios. La incorporación de estas mujeres al mercado laboral formal tiene efectos positivos en la reducción de la pobreza en los hogares, el acceso a la salud de calidad y en el desarrollo infantil de les niñes.
Es urgente cerrar las brechas de acceso al Régimen de Asignaciones Familiares y recomponer la caída en el poder adquisitivo de la Asignación Universal por hija/o que se estima para diciembre de 2019 un 27% inferior al monto promedio del año 2015 (Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina).
Desde hace décadas son reclamos de los movimientos de mujeres y feministas y aún están pendientes: una vida libre de violencia, la libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, la paridad en el mundo laboral remunerado y en los lugares de decisión, la educación inicial de les niñes de los 45 días, los servicios de cuidado y apoyos para adultas/os mayores y personas con discapacidad, las licencias por paternidad, entre otros.
Nunca es tarde para escucharnos. Confiamos en la nueva voluntad política y en que las mujeres sabemos y nos organizamos para hacerlo realidad. Lo haremos por nosotras y por todes porque si se materializan nuestros derechos, toda la sociedad verá los beneficios de ese cambio.
