A días del recambio presidencial, la medida se oficializó este viernes en el Boletín Oficial. Además, se crea un Consejo Consultivo dirigido por la Cámara de Casación Penal.
A través del DNU 795/19, el Gobierno nacional creó la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, que estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pero será un ente autárquico dotado de autonomía funcional.
La Agencia tendrá como objetivo garantizar la seguridad de quienes colaboren “de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”.
La medida, oficializada este viernes en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y todo su Gabinete.
Entre otras cuestiones, este ente deberá ordenar y hacer cumplir ciertas “medidas especiales de protección”, las cuales podrán incluir desde la custodia personal hasta el cambio de domicilio y la entrega de una identidad falsa para los sujetos que ayuden en determinadas causas.
Además, en el decreto también se dispone la creación de un Consejo Consultivo -que estará presidido por la Cámara Federal de Casación Penal-, el cual elaborará la propuesta para la designación del director de la Agencia, la cual pasará por el Ministerio de Justicia y será finalmente esta cartera la que eleve el nombre al Poder Ejecutivo.
Además, crea el Consejo Consultivo que elaborará la propuesta para la designación del director nacional de la Agencia de Protección a Testigos e Imputados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la elevará al Poder Ejecutivo.
Este Consejo, “recibirá todas las observaciones que los testigos e imputados incluidos en el sistema de protección tengan que realizar, a los efectos de poder proponer e impulsar las modificaciones y mejoras en su funcionamiento”.
Las medidas especiales de protección, cuando las circunstancias lo permitan y lo hagan aconsejable, podrán consistir en: custodia personal o domiciliaria; alojamiento temporario en lugares reservados; cambio de domicilio; suministro de los medios económicos para diferentes fines; asistencia para la gestión de trámites; ayuda para la reinserción laboral; y la entrega de documentación que acredite identidad falsa para mantener en reserva a la persona protegida y a su grupo familiar.
Con esta decisión, el Gobierno eleva al rango de Agencia lo que venía siendo un programa, en el cual se habían amparado Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta y autor de los manuscritos que generaron la llamada “causa de los cuadernos”; Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Víctor Manzanares, entre otros.
