“Llegaron diciendo que la inflación era lo más fácil de resolver, se fueron con la más alta desde 1991. Con una variación interanual de 52,1% en noviembre, Macri terminó su gobierno orillando el 300% de inflación acumulada. En Vivienda y servicios, la marca llegó a 424,3%”, sostuvo la diputada y economista Fernanda Vallejos, en base a datos de su equipo técnico Proyecto Económico.

Fue en el marco de la publicación del INDEC de los datos de inflación correspondientes a noviembre, de 4,3% con respecto al mes anterior. Así, el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló en los últimos doce meses una suba de 52,1%, mientras que en lo que va del año alcanzó el 48,3%.

El IPC del anteúltimo mes de 2019 implicó una aceleración frente al anterior, de octubre, cuando fue de 3,3%. Esta fue la última medición de un mes gobernado íntegramente por Mauricio Macri. “Lejos de consolidar la efímera desaceleración, la inflación volvió a escalar en noviembre. El IPC varió, en términos mensuales, un 4,3%, 1 punto más que en octubre. La breve calma tras el congelamiento de combustibles dio paso a una significativa remarcación de precios”, consideró Vallejos.

Sobresalen los aumentos en los alimentos, en medio del complejo escenario social que afronta el gobierno de Alfredo Fernández, quien se propuso como objetivo número uno combatir el hambre. También en comunicación y salud, por las subas aplicadas por las compañías telefónicas, y en prepagas y medicamentos. “En el gobierno de Cambiemos, la inflación no fue homogénea: siguió el patrón regresivo de la política económica. En noviembre, alimentos y bebidas superó la tasa general, mientras lideró la escalada Salud (+6,3%) y Comunicación (+7,4%)”, precisó la legisladora.

Por encima del nivel general se ubicaron también Bebidas alcohólicas y tabaco (5,6%), Bienes y servicios varios (4,9%), Transporte (4,6%), Prendas de vestir y calzado (4,4%), y Educación (4,4%).

“La evolución de los precios de los bienes y servicios más esenciales, da la pauta de cuán imprescindible es una política de acceso a los medicamentos y tarifas razonables para todos”, concluyó Vallejos.