Las MiPyMes podrán acogerse a un régimen de regularización de deudas

El proyecto enviado por el PEN establece una serie de normas y alcances para la refinanciación de planes de pago vigentes y deudas emergentes de planes caducos.

El megaproyecto anunciado este miércoles por el Gobierno Nacional establece beneficios para las micro, pequeñas o medianas empresas, que podrán acogerse a un régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones.

La norma establece excepciones para los casos de cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo; impuestos sobre los Combustibles Líquidos y el Dióxido de Carbono establecidos por el Título III de la Ley N° 23.966, (T.O. 1998) y sus modificatorias; el impuesto al Gas Natural sustituido por Ley N° 27.430; el Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado que preveía la Ley N° 26.028 y sus modificatorias, y el Fondo Hídrico de Infraestructura que regulaba la Ley N° 26.181 y sus modificatorias, ambos derogados por el artículo 147 de la Ley N° 27.430.

Y también quedan excluidos deudas por el impuesto específico sobre la realización de apuestas.

Aquellas Mipymes que no cuenten con el certificado Mipyme al momento de la publicación de esta ley podrán adherir al presente régimen de manera condicional, siempre que lo tramiten y lo obtengan dentro del plazo establecido. “La adhesión condicional caducará si el presentante no obtiene el certificado en dicho plazo”, se aclara, como así también se hace la salvedad de que el plazo de tramitación puede ser extendido por la autoridad de aplicación.

Asimismo se podrá incluir en este régimen la refinanciación de planes de pago vigentes y las deudas emergentes de planes caducos.

El acogimiento a este régimen podrá formularse a partir de enero y hasta el 30 de abril de 2020, quedan incluidas las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.

Se incluyen también aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de la AFIP para determinarlas y exigirlas, y sobre las que se hubiere formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables, siempre que el requerimiento lo efectuare el deudor, señala la iniciativa.

El acogimiento a este régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

“La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal tributaria o aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación”, precisa el proyecto, que establece para el caso de infracciones aduaneras la cancelación total producirá la extinción de la acción penal aduanera en los términos de los artículos 930 y 932 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero), en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de acogimiento.

Cabe consignar que la caducidad del plan de facilidades de pago “implicará la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la AFIP de la denuncia penal que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a su interposición. También importará el comienzo o la reanudación, según el caso, del cómputo de la prescripción penal tributaria y/o aduanera”.

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