Cuestionamientos radicales a la ley ómnibus por sus impactos en el área científica

Desde la Fundación Alem difundieron un comunicado citando una serie de elementos que deberían ser modificados en el megaproyecto presentado por el Poder Ejecutivo.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Fundación Alem de la UCR consideró que la declamada ley de solidaridad social y reactivación productiva pretende “transferir al Poder Ejecutivo tanto recursos como poderes especiales en todas las áreas de la administración, a los efectos de llevar adelante un ajuste para enfrentar la crisis económica”.

Pero puntualmente respecto de los impactos en el sistema científico tecnológico argentino valoraron la exclusión del artículo 85 del proyecto original, que constituía “una amenaza a varios organismos descentralizados de la administración pública nacional”.

Sin embargo, observan que “continúa siendo preocupante la redacción y el alcance del artículo 1 que sostiene la emergencia administrativa”. Dicha emergencia, sostienen, facultaría al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir organismos, con lo cual piden no declarar la emergencia administrativa, o bien “que se fundamente o explique para qué quieren la emergencia administrativa y limitar explícitamente sus alcances”.

Con relación al anunciado impuesto PAIS, alertan que algunas propuestas del proyecto “afectan específicamente a la ciencia y la tecnología, representando una disminución efectiva de la capacidad de investigación local y la cooperación internacional”.

El Impuesto PAIS implica una alícuota del 30% a operatorias de adquisición de bienes y servicios en el exterior y de servicios de transporte con destino fuera del país, lo cual significaría en la práctica una disminución del 30% de los subsidios de investigación. La Comisión de Ciencia y Tecnología sostiene que si bien la ley exime de una manera muy imprecisa -a su juicio- a gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito de los estados nacional, provinciales y municipales, hay varios aspectos que consideran preocupantes. Y citan que esos pagos deberían hacerse a través de transferencias o pagos con tarjetas de crédito de unidades ejecutoras, fundaciones u otras instituciones. Pero alertan que muchas veces son los científicos quienes efectúan las compras para luego solicitar un reembolso, contemplado en la operatoria del uso de subsidios.

Asimismo, varios subsidios como los de Conicet o CICBA han sido transferidos a cuentas a nombre de investigadores, a partir de los cuales los ejecutan y los rinden. Como así también investigadores que desempeñen sus tareas con subsidios del Estado en instituciones con unidades ejecutoras privadas “no están claramente exentos”.

Entre otros conceptos, consideran que “la cooperación internacional se verá seriamente comprometida”, ya que por ejemplo programas de intercambio académico del grado y postgrado, así como programas de intercambio científico-técnico no están todavía exentos. “No sólo por el incremento del costo de los pasajes, sino que cualquier operatoria de un investigador, becario o estudiante en el exterior a través de los viáticos para manutención y alojamiento será automáticamente gravada con la alícuota del 30% ya que son los titulares de las cuentas en donde se deposita el dinero. Esto es algo que afectará inmediatamente a numerosos argentinos que se encuentran hoy en el exterior, y debería ser modificado”, estiman.

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