Sesiona Diputados para tratar el megaproyecto de emergencia pública

La Cámara baja se reúne desde las 15.05. Tal como lo anticipó, Juntos por el Cambio no aportó al quórum. Los interbloques comandados por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón negocian modificaciones con el oficialismo. Se estiman alrededor de 14 horas de debate.

La Cámara de Diputados comenzó a las 15.05, con la presencia de 129 diputados, la sesión extraordinaria en la que se debatirá el megaproyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva. Tal como lo anticipó, Juntos por el Cambio no aportó al quórum, pero sí dará la discusión.

En el inicio de la sesión, y con las bancas de los integrantes de Juntos por el Cambio aún vacías, el presidente de la Cámara baja llamó a hacer un homenaje a Leandro Despouy, quien falleció este miércoles por la noche. Por eso fue que a poco de haberse sentado nuevamente en su lugar, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, solicitó al titular del cuerpo que cuando fuera posible le concediera la palabra para poder realizar un discurso homenajeando al extitular de la Auditoría General de la Nación, un hombre de reconocida militancia en el radicalismo.

En la sesión, que se prevé durará alrededor de 14 horas, hará su debut la nueva composición parlamentaria. Previamente también se incorporaron más de una veintena de legisladores que faltaban jurar.

El Frente de Todos tiene como objetivo lograr la aprobación de la iniciativa -enviada al Congreso este martes- para que el Senado la convierta en ley este viernes.

El oficialismo encaró negociaciones con el Interbloque Federal, dirigido por Eduardo “Bali” Bucca y referenciado en Graciela Camaño, y el de Unidad para el Desarrollo Federal, que comanda el mendocino José Luis Ramón y aglutina a distintas fuerzas provinciales.

Ambos espacios fueron clave para garantizar el quórum y, además, se espera que propongan una serie de cambios durante la votación en particular del proyecto. Las principales modificaciones estarían referidas al tema de la fórmula de movilidad -que se suspende por 180 días- y las alícuotas de las retenciones al agro.

Una de las decisiones del Frente de Todos que allanó el camino fue la eliminación del artículo 85, que facultaba al Poder Ejecutivo para reformar los organismos descentralizados.

La iniciativa contempla la declaración de la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Entre sus puntos principales, la ley fija la suspensión por 180 días de la fórmula de movilidad jubilatoria y también de otros regímenes especiales, y faculta al Ejecutivo para durante ese tiempo fijar aumentos trimestrales “atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”.

En lo que respecta a los salarios, el proyecto indica la facultad para “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.

Por otra parte, se crea el nuevo impuesto PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por “cinco períodos fiscales”. Se trata de un tributo del 30% para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior.

Sobre la declaración energética, el Ejecutivo estima un plazo de seis meses para renegociar un nuevo esquema tarifario, a la vez que establece la intervención por un año del ENRE y el ENERGAS, y suspende los traspasos de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La ley ómnibus prevé también planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para PyMEs.

El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en comisiones este miércoles, después de un desfile de funcionarios. Estuvieron allí para explicar los principales puntos los ministros Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Ginés González García (Salud), Claudio Moroni (Trabajo), Matías Kulfas (Producción), además de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y los secretarios de Política Tributaria, Roberto Arias, y de Hacienda, Raúl Rigo.

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