Nada menos que cuatro horas demoró la discusión de los más de 80 artículos del proyecto de ley para declarar la emergencia en distintas áreas. Con protagonismo del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Darío Martínez, y de Luciano Laspina (Juntos por el Cambio) se desarrolló el debate en particular, luego de que la iniciativa fuera aprobada en general con 134 votos afirmativos y 110 negativos.

Por 131 votos a 106 se aprobó el artículo primero, donde se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. El oficialismo no aceptó modificaciones pedidas por la oposición.

Por otra parte, se introdujo un agregado en el artículo quinto, que faculta al Poder Ejecutivo a “mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal, y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, y por un plazo máximo de hasta 180 días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020”.

En el párrafo incorporado, se “invita a las provincias a adherir a las políticas de mantenimiento de los cuadros tarifarios y renegociación o revisión de carácter extraordinario de las tarifas de las jurisdicciones provinciales”.

Por otra parte, Álvaro González (Pro) pidió eliminar el artículo 6, que habilita al Ejecutivo a intervenir el ENRE y el ENARGAS. Pero el Frente de Todos ganó la votación por 133 a 104 y se mantuvo el artículo.

En cuanto al nuevo impuesto PAIS creado en el proyecto, se establece que lo recaudado irá en un 70% a la ANSES y en un 30% a obras de infraestructura. Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) pidió incluir en el 70% a organismos provinciales de seguridad social, pero Darío Martínez aclaró que se trata de “un impuesto de recaudación nacional”, aunque anunció que se trabajará para que las obras lleguen al interior.

Asimismo, se exceptuó del nuevo impuesto del 30% al transporte internacional (aéreo, terrestre y por vía acuática) abonado en pesos y que no tenga impacto cambiario. “Gran noticia para Aerolíneas Argentinas y sus clientes, que tendrán una ventaja impositiva enorme”, destacó Laspina.

Más tarde, el oficialismo rechazó modificaciones en los porcentajes de las retenciones. No obstante, aceptó incorporar una facultad al Poder Ejecutivo para que estableza “mecanismos de segmentación y estímulo” para pequeños productores.

En lo que respecta a la suspensión por 180 días de la fórmula de movilidad jubilatoria, el Frente de Todos se mantuvo firme en su idea original y consiguió con 132 votos positivos y 99 negativos alzarse con la aprobación del artículo. Para ello, aceptó una propuesta que negoció con el Interbloque Federal, agregando que el Ejecutivo convocará en ese plazo a una comisión entre representantes de los ministerios de Economía y de Trabajo y legisladores, a fin de que elaboren un proyecto de ley sobre una nueva fórmula.

En las modificaciones, dentro de este capítulo, también se excluyó de la suspensión de movilidad a los regímenes especiales de docentes, docentes universitarios, científicos y beneficiarios de la “Ley Brisa”.

Al artículo referido a los créditos UVA, donde se establece que BCRA realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias de ese sistema de préstamos para la adquisición de viviendas, y estudiará mecanismos para “mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”, se añadió además a “los sistemas de planes de ahorro para la adquisión de vehículos automotor”, a propuesta de los diputados José Luis Ramón y Andrés Zottos.