En sesiones extraordinarias, se sancionó el paquete de leyes de emergencia social, económica, productiva y energética que envió el gobernador Axel Kicillof, aunque con algunas modificaciones.
La Cámara de Diputados bonaerense sancionó en la madrugada de este viernes en sesiones extraordinarias el paquete de leyes de emergencia social, económica, productiva y energética que envió el gobernador Axel Kicillof, aunque con algunas modificaciones.
Se raticaron también las emergencias en materia de Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria; Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos; y Administrativa y Tecnológica vigentes desde el anterior gobierno.
La iniciativa fue aprobada primero anoche en el Senado después de que el oficialismo y la oposición llegaran a un acuerdo para declarar el estado de emergencia.
Las emergencias permiten a Kicillof reasignar partidas, congelar tarifas por 180 días, rescindir contratos del sector público, renegociar deudas con tenedores de bonos y proveedores, y poner en marcha programas de renegociación de deudas impositivas de microempresas.
Tras intensas gestiones se logró un acuerdo entre las bancadas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que incluyó modificaciones en el proyecto original enviado por Kicillof.
Así, la emergencia tendrá un plazo de un año -con posibilidad de extenderlo por otro más- y no de dos, como era el proyecto original, y además se jó como el 31 de marzo como fecha límite para la prórroga del Presupuesto, algo que no preveía la iniciativa que envió el gobernador.
A la vez, se estableció que de los entre 65 y 68 millones de pesos de endeudamiento que contiene la prórroga del Presupuesto, unos 2000 millones serán girados a los municipios para el Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura que se repartirá conforme al Coeficiente Único de Distribución.
Por último, se creó la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia integrada por tres diputados y tres senadores designados por los presidentes de las Cámaras, pudiendo contemplarse la participación de las minorías, como así también la presencia en sus reuniones de la Defensoría del Pueblo, asociaciones de usuarios y consumidores, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
